Brasilia.- El Tribunal de Cuentas de la Unión rechazó la gestión administrativa de la presidenta Dilma Rousseff, parecer que será girado al Congreso donde la oposición considera que ese fallo constituye un argumento para abrir un proceso por impedimento.
Por primera vez desde 1936, el Tribunal de Cuentas juzgó negativamente la gestión de un presidente en razón de maniobras que permitieron excluir gastos sociales de la contabilidad general y así disimular el aumento del déficit fiscal.
El Tribunal de Cuentas de la Unión es un órgano consultivo del Poder Legislativo al que girará sus conclusiones. El Partido de la Socialdemocracia Brasileña, del ex candidato presidencial Aécio Neves, y otras formaciones opositoras anticiparon que la reprobación de las cuentas de Rousseff en 2014 es una falta “grave” que justifica la apertura de un juicio por impedimento.
La derrota política de la presidenta es seria y poco después de que se conoció el parecer del Tribunal de Cuentas diputados opositores se reunieron con el jefe de la Cámara, Eduardo Cunha, en su domicilio privado, para analizar los pasos de un eventual “impeachment”, publicó hoy el diario Folha de San Pablo. “Las conclusiones del Tribunal de Cuentas pasarán por el ritual de consideraciones del Congreso donde el gobierno ya ha sufrido muchas derrotas y puede sufrir una más”, anticipó hoy la comentarista política Dora Kramer del grupo Bandeirantes y el diario Estado.
Citó “que sólo esta semana el gobierno ya había sufrido otras dos derrotas lo que nos muestra la falta de pericia política de Dilma”. La “más importante”, señaló la comentarista, fue la apertura de una investigación en Tribunal Superior Electoral, ocurrida el martes, sobre supuestas irregularidades en la campaña electoral de Dilma en 2014 donde se sospecha que recibió dinero vinculado al escándalo de Petrobras, el “Petrolao”.
El otro traspié sufrido por el gobierno fue la falta de quórum el martes y el miércoles pasados en el Congreso para la votación de proyectos de interés del gobierno que intenta reducir los gastos del Estado para implementar el ajuste fiscal.