Asunción, IP.- El canciller Eladio Loizaga defendió el acuerdo alcanzado el año pasado entre los gobiernos de Paraguay y Argentina para la cancelación de las deudas de la Entidad Binacional Yacyreta (EBY) con ambos países, e instó a los senadores que se oponen a su aprobación a que expongan sus motivos.
Las notas reversales presentadas al Congreso modifican el Anexo C (Nota 2/17) y el Anexo A (Nota 6/14) del Tratado, en donde se acuerda el pago de la deuda de la EBY con Argentina y Paraguay.
Loizaga aclaró que la deuda de la entidad no corresponde al Estado nacional, sino a las empresas que integran la binacional: la ANDE por el lado paraguayo, y la Ebisa por el lado argentino.
El acuerdo de entendimiento fue firmado en marzo de 2017 por los presidentes Horacio Cartes y Mauricio Macri, luego de más de dos años de negociaciones. Las notas reversales de este acuerdo fueron presentadas al Senado el 4 de junio, sin embargo, la sesión en la que debía tratarse quedó sin qoúrum. Para este martes 26 hay convocada una nueva sesión extraordinaria.
El canciller declaró este lunes que se ha llegado «a un momento clave para desendeudar a la entidad Yacyreta», destacando la voluntad política de los actuales gobiernos y el proceso de negociación. Dijo que con no dar qoúrum los senadores «no demuestran la razón por la que se oponen».
Loizaga señaló que en el 2006 una comisión del Senado recomendó la propuesta de «ingeniería financiera», en donde un banco privado se hace cargo y gestiona la deuda. Esta medida fue ratificada en el 2011 por los presidentes Fernando Lugo y Cristina Fernández, y algunos senadores que apoyaron este acuerdo ahora se oponen al nuevo entendimiento.
Por lo tanto, el canciller insta a que se plantee un debate sobre por qué se oponen al nuevo acuerdo alcanzado con Argentina.
El director paraguayo de la EBY, Ángel Recalde, señaló que con este acuerdo se reduce la deuda en un 24%, en tanto que la medida propuesta en el 2006 reduce la deuda al 70%.
Recalde explicó que en las notas reversales se incluye por primera vez un acuerdo sobre el “costo económico unitario teórico”, que representa un beneficio a repartir por territorio inundado: 80% para el Paraguay y 20% para la Argentina.
Gracias a este acuerdo, Paraguay quedará con todo lo devengado en este concepto, que se calcula en unos 940 millones de dólares.