Brasilia.- La máxima corte de Brasil aplazó el debate que determinará el alcance de un fallo que podría anular decenas de sentencias de la megaoperación contra la corrupción Lava Jato, incluida una que afectaría al encarcelado expresidente Lula.
La discusión iba a reanudarse este jueves, pero fue “postergada” sin nueva fecha, informó el Supremo Tribunal Federal (STF). Según la prensa brasilera, el presidente del tribunal, José Antonio Dias Toffoli, tomó la decisión al constatar que no estarían algunos de los 11 jueces del plenario.
Por 6 votos contra 5, los jueces del STF otorgaron un habeas corpus al exgerente de la estatal Petrobras Márcio de Almeida Ferreira, condenado por corrupción y lavado, al considerar que en la última etapa del proceso penal los delatados deben hablar después de los delatores para tener asegurado su derecho a una plena defensa.
La anulación de la sentencia de Ferreira -al igual que otra condena revertida en agosto en condiciones similares- podría generar una lluvia de pedidos de anulación de sentencias de la megacausa, por lo cual los magistrados también votaron a favor de determinar el alcance de esa decisión. En la sesión del jueves los jueces establecerán así una “tesis u orientación” que defina en qué casos deberá aplicarse esta regla, para evitar que una avalancha de casos regresen a la etapa final, antes de la condena y que muchos condenados sean liberados.
Dias Toffoli propuso conceder el beneficio cuando se demuestre el perjuicio que causó al condenado el orden de los alegatos finales y en casos en los que la defensa haya cuestionado el proceder de los alegatos finales ante el juez de primera instancia. Las condiciones podrían cambiar a lo largo de los debates. Los fiscales de Lava Jato advierten de que dependiendo de los límites que imponga el STF, su decisión podría derivar en “la anulación de 32 sentencias que implican a 143 de los 162 condenados” en la megaoperación.
Entre las condenas anuladas podría estar una de primera instancia que afecta al expresidente Luiz Inacio Lula da Silva (2003-2010), de 73 años, en el llamado caso “Sitio de Atibaia”, por el que fue sentenciado a 12 años y 11 meses de cárcel. Aunque mejoraría su situación, una eventual anulación de ese caso no implicaría su liberación, ya que el líder de la izquierda brasileña está preso desde abril de 2018 por otro caso, ya juzgado por tribunales superiores y que no sería alcanzado por este fallo del STF, según explicaron juristas a la AFP.
Lula fue condenado a una pena de ocho años y diez meses por haberse beneficiado de un apartamento tríplex en el litoral paulista puesto a su disposición por una de las constructoras involucradas en el escándalo de sobornos de Petrobras.