Brasilia.-La violencia ha recrudecido en el litoral de San Pablo, región estratégica para el tráfico de cocaína hacia Europa a través del puerto de Santos.
Desde finales de enero, dieciséis personas han muerto en tiroteos con la policía, en el marco de la segunda fase de la operación Escudo.
La primera se desató a finales de julio del año pasado, tras el asesinato de un policía militar de San Pablo, Patrick Bastos Reis. Murieron un total de 28 personas. Esta vez, la nueva ola de violencia se desencadenó con el asesinato de otro policía militar, Marcelo Augusto da Silva, abatido el 26 de enero por delincuentes de la región en la autopista de Santos.
A partir de ese momento, la situación se agravó tanto que el Secretario de Seguridad Pública del estado de San Pablo decidió la semana pasada trasladar toda su oficina a Santos para controlar la emergencia directamente desde allí. Además, a pesar de las fiestas de carnaval, se ordenó a policías militares de otras ciudades del estado paulista que se desplegaran en el litoral y estuvieran preparados en cualquier momento si la situación se agravara. En la ciudad cercana a Santos, São Vicente, incluso se cancelaron el Carnaval y sus desfiles.
Junto con la violencia, también ha estallado la polémica. Las familias de los civiles muertos por la policía proclaman su inocencia, mientras que para el ministro de Derechos Humanos y Ciudadanía, Silvio Almeida, “ha habido graves violaciones de los derechos humanos” y se declaró “preocupado”.
El año pasado, fue el ministerio de Silvio Almeida el que había estado en el punto de mira de la polémica por haber pagado un billete de avión para asistir a un evento del ministerio a Luciane Farias, esposa del líder del Comando Vermelho del estado de Amazonas Clemilson dos Santos Farias, conocido como “Tio Patinhas”.
La mujer es presidenta del “Instituto Libertad de Amazonas”, el ILA, que afirma actuar como una ONG que defiende los derechos de los presos. Pero, según O Estado de São Paulo está financiada por el CV. La “Dama del narcotráfico” como lo apodó la prensa brasileña fue condenada en segunda instancia a 10 años de prisión por los delitos de blanqueo de dinero, asociación para delinquir y organización criminal. Sin embargo, la mujer recurrió la sentencia y espera el juicio en libertad.
La Defensoría Pública de San Pablo, la ONG Conectas Derechos Humanos, el Instituto Vladimir Herzog y el Foro Brasileño de Seguridad Pública también anunciaron que recurrirán a la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para denunciar lo que denominaron “ejecuciones sumarias, arbitrarias y extrajudiciales”.
Sólo en las próximas semanas quedará claro si la violencia que estalló en la baixada santista es un síntoma de una guerra de narcotráfico entre miembros del PCC por controlar uno de los principales centros neurálgicos del país, el puerto de Santos, o si no hay una estrategia criminal detrás de los enfrentamientos.
Mientras tanto, la tensión sigue siendo alta en el centro de San Pablo, donde en la región conocida como ‘Cracolandia’ por el consumo de crack, se han multiplicado los asaltos a comercios de decenas de drogadictos, que los saquean y causan daños por valor de cientos de miles de reales.
A pesar de las promesas tanto del gobernador Tarcísio de Freitas como del alcalde Ricardo Nunes, las políticas públicas, como también denuncian las asociaciones de residentes, no han sido capaces de garantizar la seguridad mínima para que el centro sea habitable, ya que se ha convertido en tierra de nadie, especialmente por la noche. Según los datos del panel de seguimiento editado por la Secretaría Municipal de Seguridad Urbana, el número de adictos a las drogas que viven en la zona aumentó un 46,8% en el segundo semestre de 2023 respecto a los seis primeros meses del año anterior, pasando de 393 a 577, más los clientes de los traficantes que, sin embargo, sólo están de paso y no se quedan en la zona.Infobae.