Asunción, IP.- La directora de Derechos Humanos del Ministerio Público, Alejandra Peralta negó que el Estado pretende «bajar la protección en derechos humanos», por el contrario dijo que el objetivo es defender al país de una «pretensión injusta basada en supuestas violaciones que no se cometieron».
Este martes, la Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay (Codehupy), emitió un comunicado sobre el caso Juan Arrom y Anuncio Martí, señalando que el Estado promueve bajar el umbral de protección en derechos humanos en Paraguay.
Sobre el punto, Peralta negó tales acusaciones y afirmó que lo que el Estado paraguayo está haciendo es defender al país de una pretensión injusta basada en supuestas violaciones que no se cometieron.
Aseguró que “Paraguay tiene derecho a defenderse, esto no significa que se reduzca la protección de los derechos humanos, defenderse también es un derecho, y el Estado a través de sus agentes, expresa la voz y la voluntad de miles de paraguayos y paraguayas”.
La directora del Ministerio Público hizo hincapié en que Codehupy sostiene que el Estado está maximizando el caso, sin embargo señaló que más bien ellos quieren minimizarlo ya que les molesta la transparencia con la que está llevando adelante este proceso.
“Estamos contando paso a paso a la ciudadanía que dos familias y sus respectivos abogados pretenden el pago de 63 millones de dólares además de la impunidad y de paso las disculpas públicas”, detalló.
Manifestó que Paraguay no se callará ante la injusticia que se pretende cometer en su contra, por lo que diferentes instituciones trabajan arduamente en ese sentido.
Según expresó la alta funcionaria estatal “no podemos dejar de ver que la persona que firma el comunicado por Codehupy fue fundador del Partido Patria Libre, abogado de Lucio Silva, actual líder del EPP, abogado de Carmen Villalba condenada por secuestro y amigo personal de Juan Arrom según sus propias manifestaciones. Entonces es lógico que esté en contra de la defensa de Paraguay y a favor de Arrom y Martí”.
Acerca de la demanda
Juan Arrom y Anuncio Martí demandan al Estado paraguayo por presuntos secuestro y tortura, en enero de 2002, en donde policías buscaban que admitan su responsabilidad en el secuestro de María Edith Bordón, ocurrido meses antes.
La indemnización solicitada por ambos asciende a unos 63 millones de dólares, que el Gobierno anunció que no desembolsará ningún pago, según lo expresado por distintos ministros del Estado.