Asunción, IP.- La defensa del Estado paraguayo y los demandantes presentaron sus alegatos finales en lo que es la audiencia pública por el caso de presuntas torturas a Juan Arrom y Anuncio Martí, en la sede de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Este jueves fue la audiencia pública sobre la denuncia presentada contra el Estado. El procurador general, Sergio Coscia, tuvo a su cargo los alegatos finales señalando que una de las principales acusaciones del informe de fondo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) fue la falta de una investigación diligente por parte del Ministerio Público.
Coscia señaló que existen 13 tomos de la investigación fiscal, con declaraciones de los policías acusados y de los vecinos de las tres casas en las que denuncian Arrom y Martí que estuvieron retenidos.
Por su parte, el abogado de los demandantes señala que durante la investigación se desecharon investigaciones de testigos claves que habían observado movimientos extraños el día del presunto secuestro, el 16 de enero de 2002. Así también denuncia que no se realizó el peritaje correspondiente a las evidencias que fueron recogidas de la casa en el día en que fueron encontrados Arrom y Martí.
Parte de la acusación señala que el Estado paraguayo no cumplió con el Protocolo de Estambul, que establece guías de estándares en derechos humanos para investigar casos de tortura o maltratos.
Coscia manifestó que al momento de ser encontrados en la casa en la que presuntamente estuvieron recluidos, Arrom y Martí se negaron a realizar declaración en alguna dependencia policial y se opusieron a ser revisados por un médico del Ministerio Público.
También agrega que fueron derivados a un sanatorio privado en donde un grupo de cerca de 500 personas impidió que agentes fiscales y médicos del Ministerio Público participen de la evaluación médica realizada. Otro punto que cita se trata de la negativa de los demandantes de participar en la elaboración de un identikit para identificar a los responsables de su presunta desaparición forzada y tortura.
Con estos casos, argumenta que no se pudo cumplir con los lineamientos del protocolo internacional.
Arrom y Martí solicitan cada uno la suma de US$ 50 millones, que se trata de una suma simbólica que tiene como objeto llamar la atención sobre la gravedad de los hechos, declaró su abogado defensor.
En tanto que el procurador general solicitó en representación del Estado paraguayo que se dicte un sobreseimiento respecto a las alegadas violaciones de Derechos Humanos contra Arrom y Martí.
Luego de la audiencia pública, ambas partes en litigio deberán entregar por escrito los alegatos finales.
La Corte IDH analizará los alegatos y emitirá un fallo judicial sin plazo definido para esto.