Asunción, IP.- Los propietarios que no limpien sus patios baldíos se exponen a una pena de privación de libertad de hasta 5 años o una multa de hasta 800 jornales mínimos dijo hoy la agente fiscal de la Unidad Especializada en Delitos Ambientales, Liza Martínez.
Explicó que estas medidas se intensifican más aun en el marco de la Campaña #PySinDengue que impulsa el Gobierno Nacional.
«La municipalidad de cada jurisdicción lleva adelante su proceso para recuperar, mediante multas, el monto invertido por el costo de la limpieza, ya que ese trabajo conlleva una inversión extra para cada municipio. Independiente a eso los propietarios se exponen a la comisión de los hechos punibles de proceso ilícito de desechos que cuenta con una expectativa de pena de hasta 5 años», afirmó.
La fiscal explicó que la Ley 716/96 establece en su artículo 10 una multa de 500 a 800 jornales mínimos en caso de que los propietarios de los patios baldíos se nieguen al ingreso o a cooperar en situaciones de emergencia o contingencia con las autoridades encargadas (Ministerio Público) de trabajar en conjunto con los municipios, Secretaría de Emergencia Nacional (SEN), entre otras instituciones.
En cuanto a las imputaciones Martínez refirió que en el transcurso de la próxima semana se darían las primeras de ellas a ciudadanos de Lambaré y Asunción, ya que ahora la investigación se encuentra en proceso de indagación.
«Ahora estamos en proceso de llamar a indagatoria a las personas, ya que hubo casos en que la persona que figura en la cuenta corriente catastral que otorgó el municipio había fallecido, entonces existe ahí un problema de identificación correcta del actual propietario o poseedor del inmueble», explicó.
La fiscal recordó que además de los patios baldíos también se encuentran tipificadas las viviendas en situación de abandono que son potenciales criaderos de los mosquitos. “Nosotros lo que queremos es que todos los predios en todo momento se mantengan limpios y no tener que intervenirlos cada cierto tiempo”, aseguró.
En cuanto al protocolo de actuación que involucra a varias instituciones sostuvo que en última instancia se recurre al Ministerio Público. «Para pasar a manos del Ministerio Público sí o sí el caso debe pasar por un trámite administrativo municipal y posterior a ello en caso de negativa de limpieza o ingreso al predio actúa el Ministerio Público», concluyó la fiscal.