El Congreso peruano, de nuevo en el centro de la polémica

Lima.- El caos político en Perú alcanzó esta semana a las elecciones regionales convocadas para octubre, cuyo cronograma quedó en entredicho en medio de un potencial choque de poderes entre el Legislativo y los entes electorales.

“No es legítimo cambiar las reglas del proceso electoral en el estado en que nos encontramos”, dijeron en un comunicado conjunto el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), después de que el Congreso, por amplia mayoría, decidiera ampliar el plazo en el que los partidos pueden inscribir precandidatos.

La situación generó un entrampamiento, pues los comicios internos, en los que cada colectivo elegirá a sus candidatos a gobernadores departamentales y a alcaldes provinciales y distritales están programados para el 15 de mayo, pero el Legislativo dispuso que los precandidatos se puedan inscribir hasta el 23.

Ahora, el JNE y la ONPE tendrán que decidir si acatan la voluntad de los congresistas y aplazan las consultas internas o si se mantienen en su posición e ignoran la modificación hecha por un Congreso que dejó atrás momentáneamente sus discrepancias internas, pues el oficialismo, la oposición y las terceras fuerzas aprobaron los cambios.

“El JNE tiene la potestad de no aplicar esta ley (de modificación de plazos). Estos cambios pueden afectar la legitimidad del proceso”, afirmó la constitucionalista y exministra de Justicia Ana Neyra, en medio de la polémica.

El caso podría llegar al Tribunal Constitucional que, según recordó el experto en temas electorales Jorge Jáuregui, ya antes consideró que el principio de preclusión, es decir, el pleno respeto a los plazos, es un “estándar indispensable”.

El plazo para inscribir candidatos para las 25 gobernaciones, las 196 alcaldías provinciales y las 1.694 alcaldías distritales venció el 9 de abril. Las organizaciones que no habían definido a sus postulantes debían inscribir para esa fecha a los precandidatos que se medirían en las internas.

Pero el 9 de abril varios partidos -casi todos- se encontraron con que por su propia desorganización no habían podido llenar todas las candidaturas. En ese marco, optaron por la ampliación del plazo, con el argumento de que deben contar con el tiempo adecuado “en beneficio de la democracia”.

El JNE y la ONPE ya tienen todo listo para las internas del domingo de la próxima semana. No realizarlas ese día, según expertos, no solo implicaría un sobrecosto económico, sino que podría abrir las puertas para que el Parlamento siga cambiando normas antes de los comicios del 2 de octubre.

El hecho puso una vez más en la picota a un Congreso que, según la última encuesta de la firma CPI, es rechazado por un 83,6% de la ciudadanía y aprobado por un 12,7%.

La misma medición estableció que un 86 % de los peruanos está de acuerdo con que se cambien el Congreso y el Gobierno mediante el adelanto de las elecciones generales de 2026.

La decisión del Congreso estuvo acompañada esta semana de otras que generaron rechazo popular. Por ejemplo, los parlamentarios decidieron ampliar el plazo para que quienes fueron candidatos en 2021 expliquen sus cuentas de campaña, lo que beneficia a varios legisladores que no lo hicieron y están expuestos a sanciones.

Asimismo, los parlamentarios, entre los que hay fuerte influencia de dueños o representantes de universidades, le dieron un duro golpe a la elogiada reforma de la educación superior, al permitir que esas instituciones formen parte de la superintendencia del sector, lo que las convierte en juez y parte al evaluar la calidad de la enseñanza.

Para esas acciones desaparecieron en el Congreso las duras rivalidades entre el partido oficialista Perú Libre y los partidos de derecha radical Fuerza Popular, Avanza País y Renovación Popular, así como entre esas agrupaciones y los partidos de centro y centroderecha, de los que los más fuertes son Acción Popular y Alianza Para el Progreso.

En cambio, las discrepancias reaparecieron para que en una “maratón de interpelaciones” se acordara convocar al jefe del gabinete ministerial, Aníbal Torres, y a los ministros de Interior, Alfonso Chávarry; Trabajo, Betsy Chávez, y Energía, Jorge Palacios, para sendos procesos que podrían terminar en destituciones.

En el caso de las elecciones regionales, los expertos alertaron de la intromisión del Congreso en un proceso que para varios analistas podría ser un punto de tensión en medio de la crisis que ha derivado en un empantanamiento en el accionar político y administrativo.

El proceso tiene además novedades como la de la cuota de género, destinada a incrementar la presencia hasta ahora mínima de mujeres en gobernaciones y alcaldías, aunque esa disposición no parece haber sido bien atendida por los partidos, que inscribieron mayoritariamente precandidatos hombres.

Para politólogos, el proceso electoral de octubre puede cambiar el panorama: los partidos tendrán ocasión de medir fuerzas por primera vez desde la llegada de Pedro Castillo a la presidencia en julio pasado.

En caso en que un partido coloque a un hombre como candidato a gobernador o alcalde, a la vicegobernación o la vicealcaldía tendrá que ir una mujer, y viceversa. Además, debe haber presencia alterna de género en las listas para consejeros regionales y regidores provinciales y distritales.

El asunto va más allá con la llamada “paridad horizontal” en las gobernaciones, que indica que, por ejemplo, si un partido presenta candidatos en 18 departamentos, nueve deben ser mujeres y nueve hombres. Eso pone en aprietos a las fuerzas políticas y los analistas no descartan por tanto que intenten nuevas modificaciones desde el Congreso.

“El Congreso está haciendo destrozos con las normas”, advirtió el sociólogo Fernando Tuesta, exjefe de la ONPE y uno de los principales expertos en temas electorales en Perú.

En ese marco, la respuesta definitiva del JNE y la ONPE traerá problemas cualquiera sea, según anticipan los conocedores. Si ignoran el cambio hecho por el Congreso consolidarán el choque de poderes, pero si la aceptan darán una muestra de debilidad que podría ser muy costosa en la coyuntura actual.Télam.

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