Brasilia,– El Congreso brasileño puso hoy en marcha un complejo proceso para la posible destitución de la presidenta Dilma Rousseff, el cual estará en manos de 65 diputados de 23 partidos, quienes decidirán si la mandataria será sometida a un juicio político.
Esos 65 legisladores formarán la comisión especial que prevé la Constitución para juicios de esa naturaleza y determinarán si las maniobras fiscales denunciadas por la oposición y censuradas por órganos de contraloría del Estado constituyen un motivo para despojar a Rousseff del cargo para el que fue reelegida en 2014.
La comisión, según se acordó hoy, se instalará el próximo lunes y ese mismo día notificará oficialmente sobre el proceso a Rousseff, quien tendrá un plazo de diez sesiones, aún no definidas en términos de días, para presentar su defensa.
Sus alegatos y los de la parte acusadora serán debatidos durante otras cinco sesiones y luego la comisión votará el informe que preparará el diputado instructor del caso.
Si la comisión es favorable al juicio político, la palabra pasará al pleno de los 513 diputados, en el que el proceso avanzará si es respaldado por al menos dos tercios (342 votos).
En caso de que los diputados lo aprueben, Rousseff deberá separarse del cargo por 180 días, plazo que tendrá el Senado para realizar el juicio político definitivo.
El proceso fue aceptado a trámite por el presidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha, un polémico legislador enemistado con Rousseff pese a que pertenece al Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), que lidera el vicepresidente Michel Temer, primero en la línea sucesoria del Estado brasileño.
El oficialismo en pleno ha puesto el grito en el cielo en defensa de Rousseff, pero en medio de las protestas sorprendió el silencio del expresidente Luiz Inácio Lula da Silva, su antecesor y padrino político, quien se ha limitado a compartir en redes sociales las quejas de otros sin hacer pública una opinión propia.
Cunha acogió un pedido presentado por juristas y cuatro partidos opositores que se fundamenta en irregularidades cometidas por el Gobierno entre 2014 y 2015 en sus balances, de los que ocultó unas millonarias deudas acumuladas con la banca pública.
El jefe de los Diputados integra la lista de medio centenar de políticos salpicados por las corruptelas en Petrobras y puede perder su escaño en un juicio iniciado por esa causa en el Consejo de Ética de la Cámara baja, que hoy fue motivo de acusaciones mutuas entre el Gobierno y Cunha que agriaron aún más el clima político.
Cunha aseguró que emisarios del Gobierno buscaban un acuerdo mediante el cual ellos le apoyaban en las investigaciones sobre sus supuestas implicaciones en las corruptelas detectadas en Petrobras, a cambio de que él no aceptara que la presidenta fuera juzgada.
Sin embargo, aseguró hoy que se negó a aceptar ese trato y acusó a Rousseff de «mentirle a la Nación» cuando la víspera dijo que ella no aceptaba negociaciones que «atenten contra el libre funcionamiento de las instituciones y los principios éticos».
El Gobierno, que respondió a través del ministro de la Presidencia, Jaques Wagner, quien también acusó a Cunha de mentir, aseguró que desde el Ejecutivo no se le propuso nada y atribuyó su decisión de promover el juicio contra Rousseff a que el gobernante Partido de los Trabajadores (PT) decidió votar por la pérdida de su escaño.
Wagner consideró además que un juicio contra Rousseff permitiría al Gobierno probar que no hay «nada» que justifique las acusaciones y trabajar sin sufrir las «amenazas» o «chantajes» de Cunha.
Aún así, el oficialismo también se movió en el terreno jurídico y diputados del PT acudieron a la Corte Suprema para demandar que se declare nula la decisión de abrir un juicio contra Rousseff.
«Es una acción para anular esa decisión y también todos sus efectos», dijo a periodistas el diputado Wadih Damous tras entregar la demanda en el tribunal.
Entre sus argumentos, Damous sostiene que Cunha actuó motivado por «intereses personales», «sin ninguna finalidad pública», y que incurrió así en lo que la ley califica de «desvío de funciones».
En el mercado financiero, deprimido en los últimos meses por la grave situación económica del país, el terremoto político generó una euforia que reflejó el descontento con la gestión de Rousseff y la bolsa de Sao Paulo tuvo ganancias del 3,29 %, mientras que la moneda brasileña se apreció un 2,26 % y el dólar cerró a 3,748 reales. EFE