Madrid.-El Parlamento de Cataluña ha aprobado la declaración soberanista propuesta por Junts pel Sí y la CUP y con la que se sienten legitimados para iniciar el proceso de desconexión con España. Los nueve puntos de la propuesta han obtenido 72 votos a favor y 63 en contra.
Los independentistas se sienten legitimados para dar ese paso tras obtener la mayoría en escaños, aunque no en votos en las pasadas elecciones del 27 de septiembre.
La resolución prevé iniciar en el plazo de treinta días «la tramitación de las leyes del proceso constituyente, de seguridad social y de hacienda pública». Se trata, añade el texto, de hacer posible «el proceso de desconexión democrática» de España y por ello se advierte que no se hará caso a las decisiones que adopten «las instituciones del Estado español, en particular del Tribunal Constitucional», del que se dice que está «deslegitimado» desde que dictó la sentencia del Estatut en 2010.
En el debate previo a la votación, Raül Romeva, cabeza de lista de Junts pel Sí en el 27 de septiembre, ha defendido este lunes por la mañana la propuesta de resolución independentista porque se trata de una «demanda masiva» de la población catalana.
«Se cuente como se cuente, en votos o en escaños, el resultado de las elecciones expresa una voluntad clara, incontestable», ha dicho Romeva, para quien aquellos comicios fueron «el referéndum que no pudimos hacer», por el veto del Gobierno español a la consulta que se acabó celebrando hace hoy un año.
Romeva, que se estrenaba como parlamentario, ha insistido en el tono social de la resolución y en que resulta «imprescindible para empezar a trabajar ya» y «dar respuesta a las urgencias y los retos sociales» que tiene la sociedad catalana.
La república catalana que se pretende crear a partir de la resolución, ha insistido Romeva, asegurará la existencia de un Estado de derecho que ahora no se da, permitirá luchar contra la corrupción y asegurará la separación de poderes.
El diputado de Junts pel Sí ha advertido que el deseo de independencia no será detenido por la «artillería legalista», en alusión a la suspensión que aprobará el Tribunal Constitucional tras el recurso que presente el Gobierno. «Si no es hoy, será mañana, ha llegado la hora de ir a por todas», ha añadido Romeva en tono solemne.
Anna Gabriel, diputada de la CUP, se ha sumado también a la defensa de la resolución asegurando que se trata de «un acto de ruptura con la legalidad y la imposición española», pues «el Estado español no nos representa».
En la misma línea que Romeva, la parlamentaria de la formación anticapitalista ha cargado también contra el «fundamentalismo constitucionalista» y ha reivindicado la legitimidad democrática frente a la legalidad.