Montevideo.-El flamante presidente enviará una ley con cambios drásticos. Incluye también una reforma educativa que irrita a los sindicatos y una política exterior basada en el comercio.
En cualquier otro rincón de América Latina, los 93 días que duró la reciente transición presidencial de Uruguay serían vividos como una suerte de asalto a la salud mental. Es que, a primera vista, parece difícil imaginar un cambio más rotundo de signo político en el país que la llegada de Luis Lacalle Pou a la presidencia tras 15 años ininterrumpidos del Frente Amplio en el poder.
El nuevo mandatario no ha sido reticente en exponer sus propuestas de gobierno, en algunas casos, completamente contrarias a las políticas que llevó adelante la coalición de centroizquierda de Tabaré Vázquez. Sólo hay que imaginar lo que un escenario de más de 3 meses así generaría en Brasil, Chile o la Argentina.
La perspectiva de una nueva Uruguay sujeta a un giro radical y a un gobierno de centroderecha, sin embargo, no parece generar más que temblores menores en la vida diaria de la gente, toda posibilidad de cambio rotundo preanunciada con la salvedad de que será “a la uruguaya”: mesurado, paulatino y negociado.
Eso no quiere decir que Lacalle Pou y su equipo de gobierno no hayan buscado presentarse como un aluvión que venía a sacudir la aletargada escena política del país. Prácticamente desde que el candidato del Partido Nacional fuera proclamado ganador del balotaje el 28 de noviembre de 2019, el flamante presidente viene construyendo una imagen orientada a la fortaleza de la gestión y el pragmatismo. “Busca transmitir que es un gobierno que viene a agarrar el toro por las astas”, ofrece como síntesis el politólogo Adolfo Garcé a la hora de explicar la estrategia de Lacalle Pou y su equipo.