Madrid.-España está paralizada por una disrupción de duración indeterminada que se ha generado por la pandemia de COVID-19.
Esta rotura brusca y repentina de la cotidianidad ha venido agravada por la sobreexposición informativa y por la falta de preparación de las instituciones y los ciudadanos para hacer frente a una amenaza desconocida e invisible pero real y potencialmente mortífera.
Todos los españoles deben permanecer confinados en sus casas al menos durante 15 días, a partir del 16 de marzo, pero el plazo no terminará, probablemente, en esa quincena y se prolongará otro tanto con el apoyo del Parlamento.
Las medidas de aislamiento son drásticas pues prohíben los movimientos a aquellas personas que no vayan a trabajar, al hospital de urgencia, a ayudar a personas mayores o dependientes, o a comprar bienes de primera necesidad, entre otros casos muy concretos. Eso es lo que marca un decreto-ley promulgado por el Gobierno de España que decreta el estado de alarma o emergencia en todo el territorio nacional.
El Ejecutivo central se ha convertido, de hecho, en la autoridad competente en todo el Estado español para atajar la crisis sanitaria desatada por la propagación del virus. El presidente socialista Pedro Sánchez y su equipo ministerial están autorizados a tomar todas las medidas oportunas y necesarias para conseguir ese complicado fin. Ya han desplegado un millar de efectivos de la Unidad Militar de Emergencias (UME) en las principales ciudades del país para que se cumplan las órdenes de confinamiento de decenas de millones de personas y para desinfectar las zonas críticas como las estaciones de ferrocarril o de autobuses.
Las autoridades hispanas también han intervenido la sanidad privada para ponerla bajo su control. Eso implica utilizar sus instalaciones y personal. Todas las empresas que dispongan en sus almacenes productos sanitarios, como mascarillas, pruebas de diagnóstico del coronavirus, guantes y respiradores o que tengan la capacidad de fabricar esos productos altamente necesarios en estas condiciones deberán notificarlo al Gobierno en el plazo de dos días. En el caso de que no lo hagan serán multados. Ya se han hecho los primeros requisamientos.
Además, los transportes han sufrido de manera muy sustancial los efectos de este nuevo contexto. Se han limitado o reducido los transportes públicos y privados de personas para priorizar los de mercancías por carretera o por ferrocarril ya que de estos últimos depende mayormente el abastecimiento de productos de primera necesidad como medicinas o alimentos. La frontera con Portugal permanece cerrada hasta nueva orden.