Asunción, IP.- En la audiencia prevista para el 7 de febrero próximo en Costa Rica, el Estado paraguayo buscará controvertir los hechos mismos de supuesta tortura y desaparición forzada, para deslindar su responsabilidad en el caso Arrom y Martí, quienes solicitan un resarcimiento económico de 63 millones de dólares.
En conversación con Radio Nacional del Paraguay, la directora de Derechos Humanos del Ministerio Público, Alejandra Peralta, afirmó que lo que quiere hacer el Estado paraguayo «es controvertir los hechos en sí», es decir, el supuesto secuestro y tortura de Juan Arrom y Anuncio Martí por parte de agentes del Estado.
«Nosotros negamos la existencia de los hechos de tortura y negamos la participación de agentes del Estado. Se está jugando nada más y nada menos que la responsabilidad internacional del Estado paraguayo por hechos de tortura y desaparición forzada en tiempos de democracia y esperamos que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos obre como tiene que ser», dijo la directora.
Señaló que en el proceso se ha observado un sesgo por parte de la comisión interamericana, que da por ciertos los hechos alegados por Arrom y Martí y que en cada párrafo de las 44 páginas de su informe señalaron argumentos de conveniencia para los denunciantes y que perjudican al Estado paraguayo.
«Ante ese escenario vamos a ir a enfrentarnos, vamos a contar solamente con la oralidad de uno de los cinco testigos propuestos y en contrapartida tenemos a los acusantes, que son la CIDH y las presuntas víctimas, Arrom y su hermana, que van a ir a hablar en términos sentimentales», refirió Peralta.
Señaló que la defensa del Estado paraguayo insistirá en que en el dictamen de sobreseimiento del caso se desvinculó a los agentes del Estado que fueron denunciados, y que quedó descartado el supuesto hecho de tortura.
«En el expediente también consta que el señor Arrom realizó una denuncia en la comisaría de Itá por extravío de su licencia de conducir en fecha 18 de enero de 2002, cuando supuestamente ellos estaban privados de libertad desde el 17», añadió Peralta.
La directora también mencionó que los médicos del Ministerio Público no habían podido realizar la inspección física a Arrom y Martí, luego de las supuestas torturas, por lo que solamente se tienen el informe de una junta médica realizada en un sanatorio privado.
«No tenemos garantizada la amplitud de la defensa en este caso; nos espera un escenario sumamente difícil. Sería una sentencia sumamente injusta para el pueblo paraguayo, no solamente para el Estado», dijo Peralta al describir el escenario que se plantea.
En el caso Arrom y Martí la CIDH ha recomendado al estado paraguayo «dar satisfacción integral en términos materiales e inmateriales» y el resarcimiento económico solicitado por las supuestas víctimas es de 63 millones de dólares, que incluye 20 millones de dólares para cada uno de ellos y 1 millón para cada familiar, además de otros gastos como daño emergente y los honorarios de sus abogados.
Arrom y Martí siguen hasta ahora procesados por el secuestro de Maria Edith Bordón de Debernardi, caso se elevó a juicio oral y público pero no se realizó porque los imputados están, para la justicia paraguaya, en estado de rebeldía.