Asunción, IP.- La Secretaría Nacional Anticorrupción (Senac) y la Dirección General Jurídica, Decretos y Leyes de la Presidencia de la República, culminaron hoy las jornadas de trabajo sobre “El Régimen de Declaraciones Juradas” para el sector público y organizaciones civiles. Espacio en el cual se evaluó los alcances de la nueva ley 6355.
El ministro de la Senac, René Fernández, dijo que desde la vigencia de la ley 6355 que modifica la ley 5033 el Poder Ejecutivo ha introducido cambios en varios aspectos del régimen de la declaración jurada patrimonial de los funcionarios públicos. Cabe resaltar que esta ley fue sancionada por el Poder Legislativo el 7 de agosto de este año y tendría que entrar en vigencia en febrero de 2020.
El ministro explicó que por un lado la ley contempla que para la publicación de las declaraciones juradas patrimoniales se necesitará de una autorización judicial ya sea en solicitud una persona física o jurídica o asociación, etcétera.
«Las circunstancias legislativas en este caso colisionan con requerimientos de sectores de la sociedad civil que abogan por una postura para que esas declaraciones juradas de los funcionarios sean públicas a partir de mecanismos de acceso a la información, ya que ellos son más ágiles son más eficientes que un procedimiento judicial en donde se requerirá un abogado patrocinante, existirán plazos procesales, entre otros», sostuvo.
En ese sentido dijo el ministro que también existe la posibilidad de que se dé una instancia contenciosa o sea una controversia con el funcionario que podría llegar a plantear algún tipo de recurso contra la decisión judicial que resuelve exponer esa declaración jurada patrimonial.
Otro de los aspectos encontrados en esta nueva ley es la inclusión en el catalogo de los sujetos obligados para formular declaraciones juradas obligadas a proveedores de bienes y servicios al Estado.
«Las empresas que presten servicios al Estado mediante contratos públicos deberán presentar sus declaraciones ya sean personas, físicas o jurídica ya sean accionistas, directores o gerentes. Este punto genera polémica e inquietud en el sector privado ya que ese régimen destinado a los funcionarios públicos estaría siendo aplicado también para los proveedores del Estado o sea al sector privado», sostuvo.
En ese mismo punto mencionó Fernández que las asociaciones, oenegés, fundaciones y sociedades sin fines de lucro que reciban aportes o donaciones por parte del Estado también se verán obligados a la presentación de sus declaraciones juradas.
«Es por ello que desde la Senac y la Presidencia de la República se realizan estas rondas de mesas de discusión con distintos sectores para poder analizar los alcances de la nueva legislación prever las dificultades, las debilidades y fortalezas para poder generar propuestas de mejoramiento respecto a la norma y tratar de arribar a consensos respecto a esta nueva normativa en vistas a la armonización con otras normas legales que se encuentran vigentes». refirió.
El ministro recordó que en la jornada de ayer se analizó la nueva ley con representantes del sector privado y representantes del sector público como la Dirección Nacional de Aduanas, el Ministerio de Hacienda, la Contraloría General de la República, la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes, entre otros.
«Tras la reunión mantenida se recogieron las inquietudes de todas las partes con lo que se elaborará un documento para seguir avanzando en el análisis ya que esperamos que el debate sea lo más amplio posible considerando todos los factores», sostuvo.
Otro de los puntos que deben ser tomados en cuenta para la aplicación de la ley es que la Contraloría General de la República debe ampliar su capacidad de recepción de las declaraciones, afirmó que actualmente la institución cuenta con 200.000 declaraciones juradas que son recibidas y que al implementar la ley debe duplicar esa capacidad de recepción con inversiones en equipamientos tecnológicos, software, entre otros.
Cabe resaltar que las jornadas de evaluación cuenta con el respaldo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y las mismas se seguirán desarrollando en las próximas semanas. Para leer la ley 6355 puedes hacer click aquí.