Excluyen a Dilma de la investigación del petrolão

Rio de Janeiro.- La presidenta no está en la «lista maldita» de políticos que investigará la justicia por pagos ilícitos de la estatal Petrobras; ayer el real continuó depreciándose, mientras anunciaban protestas para el lunes 15

Dilma Rousseff. no será investigada por el Supremo Tribunal Federal (STF) en torno a su responsabilidad en el escándalo de corrupción dentro de Petrobras. informaron medios de prensa locales que tuvieron acceso al pedido de apertura de indagaciones que la Procuraduría General de la República presentó esta semana ante la máxima corte del país.

Según publicaron los diarios Folha de S. Paulo, O Globo y Estado de São Paulo, el procurador general, Rodrigo Janot, desestimó las menciones a la presidenta en las declaraciones realizadas por los delatores arrepentidos en el caso. Para ello se respaldó en el párrafo 4 del artículo 86 de la Constitución, que señala que «el presidente de la república, en la vigencia de su mandato, no puede ser responsabilizado por actos extraños al ejercicio de sus funciones».

En testimonios brindados el año pasado dentro del acuerdo al que llegaron con el Ministerio Público para una reducción de su condena, el ex director de Abastecimiento de Petrobras Paulo Roberto Costa y el empresario cambista de dinero Alberto Youssef habían apuntado que tanto Rousseff como su antecesor y padrino político, Luiz Inacio Lula da Silva, estaban al tanto del enorme esquema de cobro de sobornos a constructoras para que esas empresas se garantizaran contratos con la petrolera estatal desde 2003, año en el que el oficialista Partido de los Trabajadores (PT) llegó al poder.

En aquel período, Lula era presidente y Rousseff se desempeñó primero como ministra de Minas y Energía (2003-2005) y luego como jefa de gabinete (2005-2010); con tales cargos formó parte y hasta encabezó la junta directora de Petrobras.

En los últimos meses, desde la oposición -y cada vez más sectores sociales- plantearon que Rousseff tiene responsabilidad sobre el descalabro sucedido en la compañía petrolera. Sobre la base de ese argumento, podría ser sometida a un juicio político por el Congreso. Para el 15 de marzo próximo fueron convocadas manifestaciones en todo el país a favor del impeachment de la presidenta.

Sin embargo, Janot no parece compartir esa teoría y, aunque no habría solicitado al STF archivar las denuncias contra Rousseff, no incluyó su nombre en la ya bautizada «lista maldita» presentada bajo secreto ante el tribunal el martes y varios de cuyos detalles ya se han filtrado a la prensa. Se espera que hoy, el juez relator del caso en la Corte, Teori Zavascki, levante el sigilo de la nómina y decida si hay fundamentos para iniciar las investigaciones de los 54 políticos y autoridades que integran la lista.

A causa de las primeras investigaciones penales iniciadas en marzo de 2014 por el juez federal Sergio Moro en torno al petrolão, ya fueron detenidos tres ex directores de Petrobras y 36 ejecutivos de las principales empresas constructoras de Brasil. En el caso de las autoridades políticas, el proceso debe ser conducido por el STF, única corte con el poder de procesar a funcionarios con fueros.

Entre los nombres de la lista se encuentran los de los presidentes de ambas cámaras del Congreso, Eduardo Cunha (Diputados) y Renan Calheiros (Senado), pertenecientes al Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), principal aliado del PT, como también los de los petistas Gleisi Hoffmann, ex jefa de gabinete de Rousseff, y su marido, Paulo Bernardo, ex ministro de Comunicaciones. La prensa brasileña asimismo reveló que el ex presidente y actual senador Fernando Collor de Mello, del Partido Laborista Brasileño (PTB), también está entre los implicados.

Para contrariedad del gobierno, el procurador Janot habría solicitado al STF archivar las denuncias contra el líder de la oposición, el senador Aécio Neves, ex candidato presidencial por el Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB) en las elecciones de octubre último, cuando Rousseff ganó su segundo mandato.

Mientras la información sobre la «lista negra» continuaba fluyendo con cuentagotas, ayer el Congreso dio inicio a una comisión parlamentaria de investigación sobre el escándalo de Petrobras y pidió citar para las próximas semanas a los ex presidentes de la empresa Graça Foster (que dejó su puesto el mes pasado) y Sergio Gabrielli (a cargo de la compañía durante casi todo el gobierno de Lula).

La primera sesión de la comisión estuvo marcada por renovados enfrentamientos entre legisladores del PT y del PMDB, cuya alianza está comenzando a mostrar fisuras ante la tormenta política que se avecina contra la base aliada. Las diferencias entre ambos partidos, sobre todo acerca del programa de ajuste que busca implementar Rousseff, ya incrementaron las dudas de los mercados financieros por el futuro económico de Brasil. Ayer, el real profundizó su derrumbe frente al dólar

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