Asunción, IP.- Para el canciller nacional Luis Castiglioni el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) a favor de Paraguay, en la demanda planteada por Juan Arrom y Anuncio Martí contra el Estado, fue determinante para que la Comisión Nacional de Refugiados del Brasil (Conare) revocara el estatus de refugiados políticos concedido a los dos hombres en agosto de 2003.
“Si bien no fue vinculante la decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la alta autoridad moral que tiene esta Corte y al mismo tiempo la contundencia que significó que fue por unanimidad y el envío de todos estos antecedentes de la defensa ante la Comisión Nacional de Refugiados del Brasil (Conare), fue determinante en el caso”, afirmó Castiglioni este sábado en declaraciones al programa La Lupa de Telefuturo.
Este viernes se dio a conocer la resolución de la Comisión Nacional de Refugiados del Brasil (Conare) que revocó el estatus de refugiados políticos concedido a Juan Arrom y Anuncio Martíen agosto de 2003. La comisión conformada por instituciones de Derechos Humanos y de la sociedad civil revocó el estatus por cinco votos a favor, una abstención y una ausencia.
El ministro de Relaciones Exteriores dijo que la decisión del Conare representa una “gran victoria para el pueblo paraguayo”, al tiempo de informar que el Paraguay ya ha enviado el pedido de extradición para Juan Arrom, Anuncio Martí y Víctor Colmán, para afrontar a la justicia nacional por el secuestro de María Edith Bordón.
El presidente de la República, Mario Abdo Benítez celebró la decisión de la Conare, asegurando que el “Paraguay vuelve a apuntar otra victoria histórica!».
Arrom y Martí se encuentran procesados por el secuestro de María Edith Bordón, ocurrido en noviembre de 2001 y quien estuvo 64 días en cautiverio hasta su liberación. En enero de 2002, Arrom y Martí denunciaron ser secuestrados y torturados por agentes policiales, con el propósito de admitir su culpabilidad, y solicitaron su asilo político en el Brasil.
Posteriormente, ambos demandaron al Estado paraguayo ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), demanda de la que el Estado fue absuelto por decisión de la Corte el 4 de junio pasado.