Asunción, IP.- El Ministerio Público informó este miércoles sobre los avances en la investigación por el presunto tráfico de influencias realizado desde el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y del que se tomó conocimiento a partir de la publicación de audios de llamadas.
El principal de los imputados es el ex secretario del JEM, Raúl Fernández Lippman, que se desempeñaba como secretario personal del ex senador Óscar González Daher, cuando este se desempeñaba como titular del JEM.
El Ministerio Público informó que se ha solicitado al JEM el legado de los imputados, listado de denuncias pendientes de resolución de los últimos 5 años, y copias de las denuncias que fueran asignadas a la secretaría de Fernández Lippman y de las actas de sesiones sesiones del JEM del año 2017, cuando asume el cargo.
También se solicitó copia del informe de auditoría realizada y copia autenticada de la denuncia presentada en contra de la agente fiscal Teresa Rojas.
Se han solicitado informes a la empresa de telefonía Tigo sobre el teléfono a su nombre, con el historial de llamadas y la localización de las mismas.
En cuanto a la investigación de bienes, se solicitó informes a la Subsecretaría de Estado y Tributación (SET) sobre las obligaciones tributarias y empresas vinculadas con los imputados, y a la Superintendencia de Bancos para identificar a todas las entidades bancarias y financieras con las que hayan operado los imputados.
Además de Fernández Lippman y González Daher, están imputados el ex senador Jorge Oviedo Matto y los abogados Carmelo Caballero y Rubén Silva por los delitos de asociación criminal, tráfico de influencias y cohecho agravado.
Los fiscales de esta causa son Francisco Torres y Alcides Corvalán.
La otra de las causas abiertas por el hecho corresponde a los delitos de lavado de dinero y enriquecimiento ilícito, donde está imputado Fernández Lippman. La fiscal a cargo es Victoria Acuña.
La causa tuvo su apertura el pasado 28 de diciembre, luego de la publicación de una serie de audios de llamadas por la radio Cardinal AM. En estos registros se constatan presuntas prácticas de tráfico de influencias desde el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), órgano legislativo que tiene a su cargo la remoción de magistrados judiciales y agentes fiscales.