Asunción, IP.- La Secretaría de la Función Pública emitió hoy un comunicado en el que aclara varios aspectos relacionados a la aplicación de la nueva matriz salarial implementada desde este año.
La institución emitió el comunicado “ante las constantes denuncias sobre la supuesta aplicación incorrecta y solicitud de aclaración de servidores públicos, así como interpretaciones mediáticas en relación a la aplicación de la Nueva Matriz Salarial incluida en la Ley de Presupuesto General de la Nación del ejercicio fiscal 2015”.
En primer término, el comunicado sostiene que el trabajo de sinceramiento salarial consistente básicamente en mantener los mismos niveles de remuneraciones totales por funcionario en relación a lo percibido en el ejercicio fiscal 2015 en comparación con el ejercicio fiscal 2014.
Esto implicó la inclusión de la suma de Bonificaciones por Responsabilidad en el Cargo, Grado Académico y Antigüedad (Objeto del Gasto 133 «Bonificaciones y Gratificaciones») al sueldo del funcionario (Objeto del Gasto 111), en un porcentaje no mayor al 70% de aquéllos, dejando vigente un 30% para asignación complementaria en el 2015.
El comunicado sostiene que se buscó en todos los casos tener impacto fiscal cero, es decir ningún incremento en el Grupo de Gastos 100 «Servicios Personales».
“En estos términos fue aprobado el Decreto N° 2929/2015 reglamentario de la Ley de Presupuesto 2015, previéndose que cualquier diferencia salarial inferior pueda ser abonada por el Objeto del Gasto 199 ‘Otros Gastos del Personal’, aplicándose a aquellas instituciones que ingresaron a la Matriz Salarial”, sostiene la institución.
El comunicado añade que la aplicación de la Matriz Salarial fue aprobada por el Equipo Económico Nacional (EEN) en varias instituciones que dependen directamente del Poder Ejecutivo (Administración Central) y de algunas pocas entidades descentralizadas, éstas fueron incluidas en el Proyecto de Ley de Presupuesto General de la Nación remitido al Congreso Nacional y aprobada por Ley por este último Poder del Estado.
Agrega que la adecuación o sinceramiento salarial no incluía sumar al Sueldo ningún otro Objeto del Gasto en concepto remunerativo, si ello se ha dado, no responde al criterio técnico compartido entre el Ministerio de Hacienda y la Secretaría de la Función Pública, como entes dependientes del Poder Ejecutivo.
“Las asignaciones salariales del 2015 forman parte de un plan de implementación gradual que pretende eliminar las inequidades salariales en los próximos ejercicios fiscales (2016 y 2017)”, consigna.
Aclara que “la Política Salarial implica que los salarios deben estar vinculados a las competencias, a perfiles de puestos de trabajo, componentes que deben definir el nivel de remuneración adecuada para un cargo”.
Igualmente la Secretaría de la Función Pública recuerda que son las Máximas Autoridades Institucionales (MAI) de cada una de las instituciones públicas, las que tienen atribuciones legales de otorgar las categorías de cargos permanentes a cada funcionario en base a las disposiciones legales que rigen en la materia. La responsabilidad discrecional recae en él en su calidad de Ordenador de Gastos.
“Aquellos funcionarios que se vieron afectados por la distribución, tienen la posibilidad de solicitar la reconsideración a su Máxima Autoridad Institucional o recurrir al Tribunal de Cuenta, con patrocinio de abogado”, aclara.
La Secretaría de la Función Pública menciona que solicitó la Cooperación Técnica Horizontal del Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo (CLAD), para trabajar conjuntamente con el Ministerio de Hacienda en una Propuesta de Ley de Política Salarial para el Sector Público, cuyo estudio iniciará en los próximos meses.
Finalmente, sobre las declaraciones brindadas el día de hoy por el ministro de la Secretaría de la Función Pública, Humberto Peralta, en la que habló de una «estafa a la ciudadanía», aclara que dicha expresión fue extraída del contexto y no corresponde a la realidad de la Honorable Cámara de Diputados en cuanto a la matriz salarial, sino a aquellos funcionarios públicos que marcan entrada y salida pero que no cumplen con su obligación de servir y atender a la ciudadanía.