Asunción, Agencia IP.- El Gobierno Nacional realizó este jueves la presentación de la candidatura del doctor Diego Moreno Rodríguez para ser el primer juez paraguayo que integra la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), para el periodo 2025-2030. La elección será en junio, durante la cumbre de la Organización de Estados Americanos en Asunción.
La presentación de la candidatura se realizó en la sede de la Cancillería Nacional, donde el ministro de Relaciones Exteriores, Rubén Ramírez, afirmó que esta candidatura «ostenta la máxima prioridad para el gobierno del Paraguay».
El canciller indicó que esta prioridad se fundamenta en que Paraguay otorga gran importancia al Sistema Interamericano de Derechos Humanos, y considera esencial el principio de rotación geográfica y la diversidad de visiones en la CIDH.
«De ser electo el doctor Moreno sería el primer ciudadano paraguayo que integra este órgano», dijo el canciller al destacar la «vasta experiencia profesional y el recorrido académico que garantiza su idoneidad para el cargo».
A su turno, el doctor Moreno se refirió a su trayectoria académica y profesional, orientada «a contribuir de distintas maneras a esta tríada inescindible de derechos humanos, democracia y Estado de derecho en la región», no solo como asesor legal de la Organización de Estados Americanos, sino a través ejercicio de la docencia y la investigación en materia de derechos fundamentales y democracia.
«Desde una actitud y predisposición abierta al diálogo, a aprender y a escuchar, me considero con la confianza, la capacidad y el compromiso necesarios para aportar al fortalecimiento del sistema interamericano. Es ese, ni más ni menos, mi principal objetivo al aceptar esta candidatura», expresó.
Así también, afirmó que «es mucho lo que una candidatura paraguaya puede aportar al sistema interamericano», señalando que «para el buen funcionamiento de la CIDH es fundamental que el pluralismo jurídico se vea reflejado en su seno, de manera a que sea más sensible ante la diversidad jurídica e institucional de la región, y al interior de los países, sin por ello dejar de lado el papel primordial de brindar protección a las victimas ante situaciones de violación de sus derechos».
Destacó que la CIDH se ha convertido en un pilar fundamental en la consolidación de la democracia y el estado de derecho en la región, y que su jurisprudencia se ha constituido en una referencia obligada a nivel global.
Sin embargo, a la par de consolidar los hitos tradicionales de la Corte, señaló que «es necesario contribuir en la redacción de nuevas páginas del sistema interamericano, para seguir impulsando la jurisprudencia de la corte hacia nuevos horizontes».
En ese sentido mencionó la necesidad de avanzar en la protección de los derechos económicos, sociales, culturales, en materia de lucha contra la discriminación, el cuidado del medioambiente, los derechos humanos en la era digital y los nuevos problemas que amenazan la institucionalidad democrática de nuestros países».
Así también, se comprometió a promover una «una mejor armonización» entre el derecho internacional y los ordenamientos domésticos, a fin de lograr un fortalecimiento de las garantías de los derechos a nivel nacional y, llegado el caso, una mayor eficacia de las sentencias que dicta la CIDH.