Montevideo.- El Gobierno uruguayo celebró este martes la «decisión final de inversión» de la papelera finlandesa UPM, que instalará su segunda planta de celulosa en el país con una inversión de más de 3.000 millones de dólares, mientras que los ambientalistas expresaron su malestar por dicha confirmación.
«La inversión de UPM refuerza la imagen internacional de Uruguay en cuanto a su seguridad jurídica, estabilidad institucional, seriedad, responsabilidad y confiabilidad, para la llegada de inversiones extranjeras», subrayó el comunicado del Ejecutivo de Tabaré Vázquez, publicado en la web de la Presidencia.
La nota destacó que, como «fruto del emprendimiento», nacerán «miles de puestos de trabajo decentes y formales».
El Gobierno del país suramericano hará una «presentación pública» a los medios en los próximos días, «a efectos de poner en conocimiento de la población, los términos del acuerdo que hace posible la llegada de la mayor inversión que históricamente ha recibido Uruguay», continuó el comunicado.
La empresa UPM informó este martes de que invertirá más de 3.000 millones de dólares para la construcción de su segunda planta de celulosa en Uruguay, cuyo funcionamiento está previsto para la segunda mitad de 2022.
Mediante un comunicado, la compañía confirmó que invertirá 2.700 millones de dólares en la planta industrial y que otros 350 servirán para actividades portuarias en Montevideo e instalaciones locales en Paso de los Toros (centro del país).
La nueva planta de celulosa estará instalada en una zona franca del departamento de Durazno (centro) y pagará un canon anual de 7 millones de dólares por año, según los datos aportados por UPM.
No obstante, el grupo Movimiento por Uruguay Sustentable (MOVUS) objetó que el Gobierno de Tabaré Vázquez comprometió al país, mediante este acuerdo, «a gastos que suman más de 4.000 millones de dólares así como modificaciones en lo laboral, lo educativo y graves consecuencias en lo ambiental y social, sin obtener de la operación de esa planta en zona franca ni un peso».
Mediante un texto remitido a los medios, el MOVUS confirmó que apelará «a todos los recursos legales disponibles y la más amplia movilización social para que las consecuencias negativas de este proyecto no tengan lugar».
UPM negociaba desde 2016 con el Gobierno de Uruguay para instalar su segunda planta de celulosa en el país (la primera está en Fray Bentos, oeste), tercera de este tipo en el país suramericano, junto a Montes del Plata, propiedad de la chilena Arauco y la sueco-finlandesa Stora Enso, instalada en la localidad de Conchillas (suroeste).
El último gran paso dado para la conclusión de este acuerdo tuvo lugar en mayo pasado, cuando se alcanzó un acuerdo de Participación Público Privada para la construcción del Ferrocarril Central, que unirá el puerto de Montevideo con la ciudad de Paso de los Toros, cercana a la zona en que se instalará la nueva planta de UPM. EFE