Asunción, Agencia IP.- El proyecto de ley «Hambre Cero en las Escuelas» crea el Consejo Nacional de Alimentación Escolar (CONAE), que será la instancia que tome las decisiones de cómo distribuir y qué tipo de alimentación brindar, dependiendo de cada región del país.
El ministro de Educación (MEC), Luis Ramírez, recordó que el Consejo es el que va a determinar las mejores opciones en cuanto a la provisión de la alimentación.
«La ley no puede contemplar todas las variables, por eso se crea el Consejo para tomar las decisiones ejecutivas (…) La ley dice ‘alimentación escolar’ y el criterio es amplio para determinar», dijo el ministro Ramírez en entrevista con TV Paraguay.
«Alimentación no significa sólo repartir alimentos, sino garantizar que el valor nutricional básico necesario le llegue al niño según las distintas características de las regiones», agregó.
Ramírez señaló que no es viable que una ley incluya todos los detalles de qué se va a consumir cuando la intención es contar con un organismo conformado por distintas instituciones para determinar las mejores estrategias en cada punto del país.
El Ministerio de Desarrollo Social (MDS) ya hizo entrega de un listado con 22 municipios a priorizar, de acuerdo con los datos de índices de pobreza. Estas son las áreas que serán intervenidas como prioridad, indicó.
Sobre el proyecto de ley
El CONAE estará conformado por los ministros de Educación (MEC), de Economía y Finanzas (MEF), de Desarrollo Social (MDS), el jefe de Gabinete Civil de la Presidencia, y los presidentes del Consejo de Gobernadores y de la OPACI, en representación de los municipios.
El proyecto de ley contempla la creación del Fondo Nacional de Alimentación Escolar (FONAE), que se financiará en un 80% con recursos provenientes del Fonacide, equivalente a unos 240 millones de dólares, más las partidas presupuestarias de recursos del Tesoro que se destinan, actualmente, a la alimentación escolar.
El 20% restante de los recursos del Fonacide, que equivale a unos 60 millones de dólares, seguirá siendo administrado por las municipalidades del país, y deberán ser destinados a obras de infraestructura, principalmente, asociadas a la educación.
En su sesión de ayer la Cámara de Diputados dio media sanción al proyecto y será remitido al Senado para su tratamiento.