Santiago.-Con barricadas incendiarias en varios puntos de Santiago y una multitudinaria marcha que reunió en la ciudad a 80.000 personas se vivía ayer un llamado a paro general en Chile, convocado por un centenar de organizaciones sociales para presionar al Gobierno de Sebastián Piñera para que profundice en las reformas sociales.
En la jornada, el peso chileno se desplomó 3,1% y alcanzó su valor mínimo histórico, de 783,82 unidades, mientras que la Bolsa de Comercio de Santiago cerró con una caída de 1,57% en medio de los temores sobre los efectos en la economía de la extensión de la crisis social.
A primera hora, las fogatas impidieron el paso de vehículos en algunos accesos a Santiago y una gran marcha convocó a 80.000 personas –de acuerdo a cálculos del Gobierno– por la céntrica avenida Alameda, cubierta en ambas calzadas por manifestantes que exigían la renuncia del mandatario derechista.
CHOQUES Y SAQUEOS. Enfrentamientos entre manifestantes y la Policía también se registraron en la ciudad de Concepción (Sur), mientras varias tiendas fueron saqueadas en el balneario de Viña del Mar y el turístico Puerto de Valparaíso, en el centro del país.
El llamado a huelga general se produje a más de tres semanas de que estallaran las primeras protestas sociales, convocada por la llamada “Mesa Social”, que reúne a más de un centenar de organizaciones sociales.
La pulseada llega en momentos que el presidente Piñera dio un giro al anunciar el inicio de un proceso para cambiar la Constitución que se mantiene como herencia de la dictadura de Pinochet, aunque no con una Asamblea Constituyente –como se pide en las calles– sino a partir de un Congreso Constituyente, cuyos detalles y composición aún no se definen.
El Gobierno de Piñera logró un acuerdo con la oposición política para impulsar una reforma tributaria que recaudaría unos 2.000 millones de dólares, destinados a financiar parte de los anuncios sociales que realizó para acallar las protestas sociales, y cerró un acuerdo para aprobar el Presupuesto de 2020, incluyendo algunas concesiones sociales.
Pero los gremios exigen reformas más profundas al sistema de pensiones –heredado también de la dictadura– y que entrega pensiones bajas a la mayor parte de sus jubilados, por debajo del salario mínimo (420 dólares). También piden incrementar el presupuesto a la salud pública, donde se atiende casi el 80% de la población chilena, y aumentar el salario mínimo.