Lima.- El presidente de Perú, Ollanta Humala, realizó cambios en cinco ministerios para aliviar la tensión política que sufre el país.
La permuta de mayor envergadura se produce en el ministerio de Interior, donde Daniel Urresti abandona su cargo después de que negara la semana pasada que la policía hubiera usado armas de fuego para sofocar una protesta ciudadana en Pichanaki, en la selva central. El saldo de un muerto por proyectil y 37 heridos de bala, confirmados por los servicios de salud, y fotos y vídeos que la población subía a Internet han acabado por tumbar al político. Esta es la sexta vez que Humala reemplaza a uno de los cargos más importantes del Gobierno.
La decisión del presidente peruano evita la posible censura en marzo del gabinete en pleno cuando empiece la legislatura ordinaria del Congreso. Varias bancadas, no solo el Apra y fujimorismo, habían anunciado una recogida de firmas para censurar al equipo de Humala. Algunos pedían la salida de los ministros de Energía y Minas y Justicia, pero otros indicaban que la primera ministra Ana Jara había perdido peso político, pues Urresti atacaba grotescamente a políticos de oposición y a quienes hacían notar la falta de logros en su sector.
«Estoy muy feliz porque finalmente el apra y el fujimorismo van a asistir al diálogo, porque ellos ponían como condición mi cabeza y ahora ya la tienen, así que ya no tienen pretexto para no asistir», señaló Urresti tras su destitución.
El general del Ejército en retiro, en la función de su cargo, actuó como un sheriff en operaciones policiales de toda dimensión, con el afán de cambiar la alta percepción de inseguridad de los peruanos. Además enfrenta un juicio por su supuesta participación en el asesinato del periodista Hugo Bustíos en 1991, cuando era jefe de inteligencia de un cuartel del Ejército. Su reemplazante, José Luis Pérez Guadalupe, era el jefe del Instituto Nacional Penitenciario desde 2011. Se trata de un sociólogo doctorado en Criminología, conocido por su defensa de valores democráticos y los derechos humanos.
La gestión de Humala tiene de 28%- 22% de aprobación en febrero, según las encuestadoras Ipsos Perú y Datum, en tanto que su esposa, quien comparte decisiones de Estado, tiene un 16% (Ipsos), el punto más bajo en tres años y medio. Heredia afronta una investigación en el Ministerio Público por supuesto lavado de activos entre 2006 y 2009. Una de las personas para quien Heredia realizó consultorías en ese período es un exasesor de Humala, Martín Belaunde Lossio, con detención domiciliaria en La Paz debido a su vínculo con una red de corrupción en Perú.
En 2014, Eleodoro Mayorga, el ministro de Energía y Minas saliente, respondió pliegos de preguntas en el Congreso debido a conflictos de interés: el funcionario dejó un estudio de abogados especializado en el sector hidrocarburos y pasó al sector público, pero siendo ministro decidió a favor de un excliente. “Tiene dificultades para separar lo publico de lo privado”, comentó en agosto el congresista oficialista Daniel Abugattás ante las críticas.
Mayorga dialogó el jueves con los manifestantes en Pichanaki, el distrito que bloqueó una carretera para pedir la salida de la empresa Pluspetrol, que explora gas en una concesión otorgada en 2005. La jurisdicción de la selva central es conocida por su producción de café, y desde septiembre pedía por vías pacíficas que la empresa se retire, pues no querían la contaminación que la firma ha causado en dos concesiones en la selva norte.
“Ese contrato hay que evaluarlo, vamos a pedirle a la empresa que se vaya en tres días”, expresó Mayorga a cientos de personas que le mostraban un saco de casquillos de balas de diverso calibre que la policía les había disparado en dos días. Sin embargo, al volver a Lima dijo otra cosa: “los contratos no se tocan”, aseguró. Rosa María Ortiz juramentó en su reemplazo, se desempeñaba desde 2013 como jefa del Sistema Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles.
Además, dejó el cargo el ministro de Justicia, Daniel Figallo, cuestionado desde diciembre por su interés en las denuncias contra el exasesor de Humala, Belaunde Lossio, y su posible actuación como colaborador eficaz, pese a que ya había una orden de captura en su contra. Ha sido sustituido por el ministro de Trabajo y congresista oficialista, Fredy Otárola.
Otro miembro del gabinete Humala que perdió legitimidad fue Carmen Omonte, ministra de la Mujer: un canal de televisión denunció en enero que la funcionaria no quiso pagar beneficios sociales al prescindir de su exempleada doméstica que quedó embarazada. La abogada Marcela Huayta juró el cargo en su destitución..
Con los cambios, el presidente busca aire para el nuevo escenario en el Legislativo dado que ha perdido la mayoría, ahora en manos del fujimorismo.