Asunción, IP.- Una oficial de justicia y una ujier notificadora fueron imputadas por las fiscalas Lorena Ledesma y Teresa Sosa, en el marco de la investigación a las denuncias de supuestos fraudes presentados por maestros contra algunas empresas.La imputación es por hecho punible de producción inmediata de documentos públicos de contenido falso. La causa se tramita ante el juzgado a cargo de Alcides Corbeta.
La oficial de justicia Ana López Ledesma y la ujier Elisa Monserrat Cibils Barrios, cumplían funciones ante el juzgado de paz en lo Civil y Comercial del distrito de la Encarnación a cargo del magistrado Felipe Acosta Schimitt.
La imputación señala que el 6 de julio de 2014, el abogado Rolando Salinas inició una demanda contra Nidia Elizabeth Gómez de Obregón, ante el citado juzgado sobre Preparación de Acción Ejecutiva por la suma de 6.950.000 guaraníes, presentando el pagaré a la orden de Salinas.
Agrega la imputación que en el documento se observa una firma ilegible, atribuida a la señora Gómez, de fecha 02 de junio de 2014 con fecha de vencimiento del mismo día a nombre de Nidia Elizabeth Gómez de Obregón, domiciliada en Montevideo 571 de nuestra capital.
Salinas, en su escrito de demanda, informó que el domicilio de Gómez de Obregón, se encuentra en Montevideo 571 de Asunción.
El 20 de octubre de 2014, el ujier Cibils Barrios tramitó la cédula de notificación a la señora Gómez de Obregón en la citada dirección, sede del Ministerio de Educación, cuando que la demandada reside en el interior del país.
Elisa Cibils dice en su informe que en fecha 20 de octubre de 2014, siendo las 15:00, fue hasta el lugar para notificar a Nidia Gómez, quien supuestamente no se encontraba en su domicilio.
Por otra parte, le fue entregado el mandamiento de intimación de pago y embargo ejecutivo a la oficial de justicia Ana González y en tal carácter, el 5 de noviembre de 2014, a las 12:00, la misma se constituyó en Montevideo 571 y en su informe dice que fue atendida por la demandante, quien reconoció la presunta deuda.
El 2 de marzo de 2015 declaró ante la Fiscalía la señora Gómez de Obregón y dijo que no recibió ninguna notificación del juicio, que no fijó domicilio en Montevideo 571 de Asunción para notificaciones, debido a que vive desde 40 años en San Ignacio, departamento de Misiones.
Para la Fiscalía, los relatos del ujier notificadora y de la oficial de justicia no condicen con la realidad, ya que la notificación practicada por Elisa Cibils fue realizada en un lugar donde no reside la demandada.
Mientras que el mandamiento de intimación de pago diligenciado por Ana González, tampoco se realizó, teniendo en cuenta que esta funcionaria y la señora Gómez de Obregón no conversaron.