Asunción, IP.- El presidente del Instituto de Desarrollo Rural (Indert), Mario Vega, indicó que el ente cuenta con un presupuesto asignado para el pago de tierras donde se encuentran colonias campesinas, y se están acelerando las gestiones y analizando otras vías para saldar las deudas con los propietarios.
Vega descartó la denuncia formulada por líderes de la Federación Nacional Campesina (FNC) de que existen 800 demandas de desalojo contra comunidades ya asentadas.
La denuncia de la Federación sostiene que en algunos asentamientos con fincas campesinas ya desarrolladas aparecieron supuestos nuevos propietarios de las tierras.
Vega negó que existan pedidos de desalojo en las tierras adquiridas por el Indert, ya que la mayoría de los casos el ente rural cuenta con documentos de transferencia firmados por los propietarios, por lo que no corresponden acciones legales de desalojo.
En conferencia de prensa este lunes, el titular del Indert afirmó que en diálogo con los propietarios hubo un compromiso de esperar un plazo de tiempo para que el ente realice los primeros pagos y no judicializar los casos.
Pagos por tierras para colonias rurales
Dado que el presupuesto del Indert para el pago de tierras este año es de Gs. 26.000 millones, y eso cubre unos nueve asentamientos, el ente mantiene negociaciones con los propietarios para realizar un pago menor a lo estipulado y cubrir más terrenos. Según señaló Vega, existe una buena predisposición de los propietarios para esta medida.
No obstante, el ente rural cuenta con una deuda histórica de US$ 71 millones por tierras adquiridas para la Reforma Agraria, entre las tierras compradas directamente de los propietarios y las que son parte de expropiaciones formalizadas, manifestó.
Para el año que viene el Indert tiene presupuestado Gs. 47.000 millones para la adquisición de tierras (unos US$ 7,5 millones), lo que le permitirá adquirir 3.585 hectáreas.
Vega anunció que se está trabajando en un proyecto de ley que permita al Indert vender las tierras de Antebi Cue a los ocupantes para saldar toda la deuda de US$ 71 millones.
El proyecto está siendo evaluado por el Indert, con el acompañamiento de algunos parlamentarios, y se espera su presentación para lo que resta del año y de ahí dependerá exclusivamente del Parlamento la liberación para la venta, dijo Vega.