Asunción, IP.- El presidente del Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert), Justo Cárdenas, informó que la institución solicitará que la Procuraduría General de la República (PGR) promueva un juicio de sucesión vacante para destrabar el conflicto en el que se encuentra el asentamiento Alemán Cué, ubicado en el distrito de Yrybucuá, departamento de San Pedro.
“Vamos a solicitar que la Procuraduría promueva un juicio de sucesión vacante, ya que los dueños de nacionalidad alemana ni sus herederos o apoderados no aparecen desde hace años, y necesitamos llevar legalidad y tranquilidad a los compatriotas campesinos del lugar”, señaló Cárdenas, tras reunirse con los dirigentes de la Federación Nacional Campesina, Odilón Espínola y Marcial Gómez, quienes acompañaron a representantes de Alemán Cué.
Manifestó que una vez que el juicio sea finiquitado y resulte favorable el pedido de la Procuraduría, las tierras serán recuperadas por el Estado, con lo que el Indert tendrá vía libre para titular los lotes a nombre de los beneficiarios y establecer un precio de carácter social.
Los dirigentes campesinos se mostraron conformes con la propuesta de Cárdenas y prometieron acompañar muy de cerca las gestiones.
Tres comisiones vecinales que pretendían las tierras habían solicitado la unificación de los expedientes a fin de que sean tramitados en un solo proceso administrativo. Esto debido a que las tres propiedades eran colindantes, partes de un mismo cuerpo.
En este sentido, en el año 1996 los tres inmuebles, ahora en un solo cuerpo de 576 hectáreas 2728 m2 (a efectos administrativos), fueron declarados colonizables y sujetos a expropiación por parte del Estado.
Así, en el año 1997, a través de la ley 1083 las fincas 6118, 3828 y 3668 fueron declaradas de interés social y expropiadas a favor del entonces Instituto de Bienestar Rural. Se ordenó iniciar ante la justicia ordinaria los procedimientos de Juicio de pago por consignación y obligación de hacer escritura pública contra los beneficiarios.
En el 2004 se realizó una tasación que concluyó que el valor estimado de cada hectárea era de 1 millón de guaraníes. El cálculo se hacía con relación a otras tierras pertenecientes a la institución en la zona.
Cinco años más tarde, sin que se haya formalizado el precio anterior y no se haya realizado pago alguno, aparece el dueño legítimo de la finca Nº 3868 (ex Petelmeyer) el señor Frutos Florentín quien pide la indemnización correspondiente por la expropiación de su inmueble.
En tal sentido, realizan dos nuevas tasaciones, aunque solamente de la finca Nº 3868, de 254 hectáreas y no así del cuerpo completo ocupado por los campesinos, es decir, las 576 hectáreas. Se fijó el precio de 7 millones quinientos mil guaraníes por hectárea. El pago a Frutos Florentín se realizó en el 2011.
Lo que queda es regularizar las otras dos fincas colindantes, expropiadas pero nunca indemnizadas y por ende, no transferidas al patrimonio del ente.