Asunción, IP.- El impacto de la corrupción en el sistema de justicia del país y en los derechos humanos en general es el punto central del informe anual de la Coordinadora de los Derechos Humanos del Paraguay, presentado este lunes en el marco del 70 aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
“Para la Codehupy este año el tema central que aparece de manera transversal tiene que ver con la corrupción y cómo este fenómeno ha impactado severamente en el sistema de justicia”, manifestó Oscar Ayala, secretario ejecutivo de la coordinadora, en la conferencia de prensa de presentación del informe.
Detalló que en el documento se hace hincapié en formas de corrupción que tienen que ver con la injerencia de la dirigencia política en el sistema de justicia para la obtención de determinados fallos y la manipulación de procesos judiciales. En ese sentido, destacó la situación vivida con el caso Curuguaty, luego de la Corte anulara este juicio y absolviera a los campesinos.
“Para la Codehupy este episodio que se genera con posterioridad al fallo absolutorio, que consiste en la represalia de la fiscalía contra los jueces que se pronunciaron en sentido favorable a los campesinos, es la continuidad de un patrón de actuación que venimos documentando y denunciando hace mucho tiempo”, dijo, relatando otros casos de destitución y amedrentamiento hacia jueces que, “en cumplimiento de las obligaciones garantistas del Estado, se han opuesto a pretensiones abusivas y arbitrarias de la fiscalía”.
Igualmente el informe de la Codehupy recoge la preocupación sobre la creciente influencia de sectores denominados “provida” en las políticas públicas y cómo esto impacta en la posibilidad de tener leyes contra toda forma de discriminación, el desarrollo de políticas de educación sexual y en cuestiones de igualdad en general. El informe resalta igualmente que este año se registraron 50 casos de feminicidio, una cifra mayor al reportado el año pasado.
Otro de los puntos incluidos en el informe es la violencia hacia sectores campesinos e indígenas que sostienen demandas sobre el derecho a la tierra, resaltando los casos de asesinatos no esclarecidos de la dirigente campesina, Maria Ester Riveros, y del joven indígena Isidoro Villalba, ambos en el departamento de Canindeyú.
También se menciona el hostigamiento a la secretaria general del Sindicato de Periodistas del Paraguay, amenazada por sus manifestaciones en favor de la igualdad de género, y el hostigamiento de los obispos católicos por sus denuncias contra supuestos abusos de la Fuerza de Tarea Conjunta en el norte del país.
El informe de la Codehupy consta este año de 40 artículos sobre diferentes temáticas y está dividido en siete capítulos, además de análisis de coyuntura económica y documentación adicional sobre los pronunciamientos realizados por la coordinadora durante el año. Igualmente rinde homenaje a luchadores y defensores de derechos humanos fallecidos en el periodo que se reporta.
Desafíos contra la discriminación y el derecho a la educación
Otro de los capítulos del informe analiza la situación de igualdad y no discriminación en el país y en él se señala la necesidad de “revertir el patrón de muerte y amedrentamiento” , según detalló Karina Cuevas, responsable de este segmento.
Cuevas mencionó particularmente las “precarias condiciones en que viven las poblaciones indígenas”, la negación de derechos al colectivo LGTBI, la persistente situación de discriminación en la legislación hacia las trabajadoras domésticas, y la “estigmatización” de las trabajadoras en los diferentes ámbitos, incluidos los servicios de salud.
En cuanto a las políticas hacia personas con discapacidad reconoció que “existen avances”, pero que los servicios y el acceso siguen siendo insuficientes. Indicó que sólo el 36% de las personas con discapacidad accede a la educación, mientras que el resto sigue fuera de los servicios educativos.
Asimismo, se señala el desafío respecto al principio y a los derechos de la igualdad y la no discriminación, por parte del Estado, en un contexto donde, según datos del Ministerio de Salud, aproximadamente cuatro niñas son víctimas de abuso sexual diariamente.
Finalmente, Ramón Corvalán, integrante del equipo responsable del informe, indicó la preocupación sobre el proyecto de transformación educativa en Paraguay, señaló la falta de un debate sobre un enfoque de derecho en este campo. «Vemos con preocupación que no hay ninguna mesa para discutir sino que se avanzan ya en temas como perfil del egresado e infraestructura”, comentó.
Sostuvo que los principales temas a debatir y analizar respecto a la educación es la garantía de este derecho en relación a otros derechos, ya que es difícil hablar de los derechos a la educación en un contexto de enorme desigualdad que tienen que ver con las condiciones de vida de las personas. “La primera responsabilidad que tiene el Ministerio de Educación es que ese debate se de en el marco de las obligaciones que tiene el Estado respecto al derecho a a la educación”, concluyó.