Asunción, IP.- Tras una visita de investigación a Paraguay, IFEX-ALC presentó un informe al Consejo de Derechos Humanos de la ONU, que detalla el contexto de la libertad de expresión en el país y recomienda la creación de una unidad especial para delitos contra periodistas.
Los miembros de IFEX-ALC formaron una delegación que se reunió en Paraguay en mayo de 2015. La delegación incluyó a Pedro Vaca, director Ejecutivo de la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) de Colombia; Paula Martins, directora de la oficina de ARTICULO 19 América del Sur en Brasil; Ileana Alamilla, directora del Centro de Reportes Informativos sobre Guatemala (Cerigua); y Santiago Ortiz, de la Unión de Periodistas del Paraguay (SPP) en Paraguay.
Durante tres días en Asunción, se reunieron con funcionarios de gobierno, organizaciones de la sociedad civil, miembros de los medios de comunicación y las familias y compañeros de trabajo de algunos de los 17 periodistas asesinados en Paraguay y cuyos asesinos aún no han sido llevados ante la justicia.
Las autoridades paraguayas entrevistadas por la delegación de IFEX-ALC reconocen la penetración del crimen organizado en las fuerzas de seguridad. De acuerdo al informe final de la Comisión Bicameral para la investigación del asesinato del periodista Pablo Medina y de su asistente Antonia Almada el 70 por ciento de la Policía Nacional estaría infiltrada por el crimen organizado
Las redes criminales financiadas por el narcotráfico han permeado sectores del poder político, desde el nivel local hasta el nacional.
La ubicación geográfica del Paraguay, al compartir una amplia frontera con Brasil y Argentina, explica la presencia de criminalidad y narcotráfico en ciertas áreas cuyos niveles de violencia son altos. Algunas cifras evidencian esta situación: La tasa de homicidios en Paraguay en 2014 fue de 7,98 por cada 100.000 habitantes, sin embargo, el índice en el departamento de Amambay, fronterizo con Brasil, es de 66,73 por cada 100.000 habitantes. Precisamente es en las regiones limítrofes con Brasil y Argentina en las que también se registran altas tasas de crímenes en contra de periodistas.
Sus resultados fueron incorporados en un informe que fue presentado al Consejo de Derechos Humanos de la ONU, antes del examen periódico universal (EPU) formal del Paraguay, que tendrá lugar a principios de 2016.
El informe ofrece una visión general del contexto paraguayo en lo que atañe a la libertad de expresión, incluyendo las obligaciones del Estado y los factores de riesgo que enfrentan los medios de comunicación del país, y en concreto, las estaciones de radio comunitarias.
Pide que se investiguen los casos sin resolver de periodistas asesinados, que se cree una unidad especial enfocada en violaciones de la libertad de expresión, y garantías para que los periodistas paraguayos puedan realizar su trabajo en condiciones seguras.