Asunción, Agencia IP.- Instituciones estatales, convocadas por el Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (Minna), se reunieron este martes para articular una asistencia integral a niños, niñas, adolescentes víctimas de trata y explotación sexual.
En el marco de la ley Nº 4788/12 «Ley integral contra la trata de personas», autoridades de diferentes instituciones del Estado se reunieron para articular asistencia integral a niños, niñas, adolescentes y sus familias, que retornaron del exterior del país durante la emergencia sanitaria covid-19, y fueron certificados como víctimas de trata de personas por el Ministerio Público.
En la oportunidad, la titular del Minna, Teresa Martínez, informó que se hizo un relevamiento técnico de cuáles son las situaciones que se detectaron al hacer el análisis socio ambiental y psicosocial de los menores y sus familias, además de las medidas que hay que adoptar antes que sean restituidos a sus familias.
“La pandemia fue una situación particularmente especial, que imponía otro protocolo, distinto de lo que se tiene que imponer en los casos de víctimas de trata, pero nos preocupa enormemente la apertura de las fronteras y que nuevamente están empezando a retornar, y nuevamente están las personas en ese proceso de captación. Hay que adoptar las medidas de protección a los efectos de que no vuelvan a caer víctimas de estas redes de trata”, señaló.
En ese contexto, hizo énfasis en la articulación interinstitucional para tener una propuesta integral que facilite el proceso de desarrollo social de las víctimas de trata.
La reunión tuvo como finalidad armar un proyecto entre instituciones en el que todos intervengan a los efectos de erradicar los factores de vulnerabilidad existentes.
Por su parte el ministro Juan Ignacio Livieres, director general de Asuntos Consulares del Ministerio de Exteriores, sostuvo que el trabajo que están realizando desde la coordinación nacional dio un decidido paso adelante en el decreto para la aprobación del Programa Nacional de Atención a Víctimas de Trata, que contempla varias líneas de acción interinstitucional en materia de lucha y protección.
El defensor adjunto, Edgar Ríos, informó también que crearon un protocolo interno de acompañamiento con posterioridad a la intervención judicial, incluso de 3 a 4 meses, para controlar y verificar que el lugar donde fue reinsertado el niño o adolescente sigan en las mismas condiciones.
“Como experiencia nos sirvió para prevenir la reincidencia de los casos y estamos también trabajando a fin de adaptar, porque el protocolo que habíamos hecho era exclusivo por el tema de la pandemia: cómo íbamos a trabajar en los albergues de la Codena, como íbamos a intervenir, y cómo hacer esos seguimientos; pero estamos en el proceso de adaptar para que sea de manera permanente”, indicó.
Desde el inicio de la cuarentena obligatoria en marzo pasado y hasta julio, retornaron al país 123 niñas, niños y adolescentes no acompañados, con indicadores de situación de explotación en Brasil, la mayoría proveniente de San Pablo. De ellos, 68 adolescentes están certificadas como víctimas de trata de personas por el Ministerio Público; los demás continúan con el proceso de investigación.
Cabe mencionar que las instituciones trabajarán de forma trasversal en su ámbito de competencia, con el objetivo de brindar a niñas, niños, adolescentes y sus familias, un desarrollo integral que facilite el proceso de reinserción social, y acompañamiento para no volver a caer en las redes de trata.