Asunción, Agencia IP.- La jefa de Gabinete de la Presidencia de la República, Lea Giménez, señaló la necesidad de mejorar la ley que crea el Fondo Nacional de Inversión Pública y Desarrollo (Fonacide), de modo a establecer mecanismos que aseguren que la alimentación escolar proveída con estos recursos llegue a todas las escuelas del país, durante todo el año.
«La principal motivación de este proyecto es superar un desafío tan importante que tiene nuestro país, que es la falta de alimento de muchos hogares, donde 1 de cada 4 familias tiene un ingreso inferior al costo básico de la canasta familiar y el 40% de los afectados son niños de 0 a 14 años», dijo la ministra en entrevista con la 970 AM.
Señaló que en el país «hay un monto desproporcional de niños que hoy no recibe suficientes alimentos y la nutrición adecuada para poder aprender y desarrollarse cognitivamente» y que el Fonacide, creado hace diez años para paliar esta carencia, no ha tenido los resultados esperados.
«Estamos hablando de una cobertura del 17% del país, y ni siquiera hablamos de una cobertura del año completo. La cobertura promedio es dos meses de todo el año escolar», indicó la ministra mencionando un «lapidario informe» de la Contraloría General de la República que detectó «falencias en la gestión, en la transparencia en la entrega y casos de corrupción».
Por ello, señaló Giménez, es necesario «tener una versión mejorada del Fonacide que cierre todos esos problemas que se encontró en la ley de Fonacide, y que podamos tener un Fonacide 2.0».
Indicó que la cuestión central de esta propuesta de modificación es que los niños y niñas de todo el país reciban un nivel de nutrición adecuada, y que ese alimento llegue en tiempo y forma «y con la calidad que ellos se merecen».
«Acá lo que se va a buscar es un mecanismo diferente de entregar un bien público a estas poblaciones que hoy no está recibiendo. No se trata de centralizar, se trata de potenciar la entrega de alimentos a nivel de los departamentos y municipios», aclaró.
En cuanto al rol que cumplirían las gobernaciones y municipios en esta modificación de la ley, Giménez afirmó que los gobiernos locales tienen una responsabilidad fundamental, a la cual se debe dar visibilidad y «elevar a otro nivel».
«Acá lo que se busca es justamente la participación de todos los niveles de gobierno, en diferentes roles, para asegurar la entrega de este bien público», enfatizó. «Vamos a cambiar el mecanismo y vamos a hacer que participe también la ciudadanía, y entre todos vamos a asegurar que ese plato de comida le llegue a nuestros chicos. Ese es el objetivo final, tenemos que superar la situación actual», dijo.
En cuanto a los recursos necesarios para alcanzar la universalidad en la entrega de alimentos, señaló que para ello será necesario casi triplicar el nivel de recursos que se destinan a la alimentación escolar actualmente.
«Nuestros niños se merecen más. Nos estamos tomando el tiempo para diseñar un mecanismo diferente que sea transparente, que tenga no solo la participación de la Contraloría sino también de un consejo de personas que tengan criterios específicos y ese conocimiento nutricional, de educación, de salud, y de la realidad de nuestras diferentes localidades, para poder asegurar que este bien público, que es una obligación moral con nuestros niños, se les entregue en tiempo y forma», manifestó.
Indicó que actualmente el Ejecutivo está ajustando algunas cuestiones de la propuesta de modificación y estimó que en un par de semanas el proyecto de ley se estaría presentado al Congreso, por parte del mismo presidente de la República, Santiago Peña.