San Pablo.- Miles de personas marcharon por el centro de San Pablo para protestar contra el proyecto de enmienda constitucional que reduce de 18 a 16 años la edad mínima de imputabilidad penal, que tramita el Congreso brasileño con fuerte rechazo gubernamental aunque con consenso social mayoritario, según encuestas.
La manifestación fue convocada por entidades de defensa de los derechos humanos y diversos movimientos sociales, y coincidió con el 25 aniversario de la promulgación del Estatuto del Niño y el Adolescente (ECA).
La policía no divulgó el número de participantes, pero representantes del Frente Nacional contra la Reducción de la Mayoría de edad Penal, citados por el portal G1 del grupo Globo, estiman que cerca de 12.000 personas acudieron a la movilización.
Algunos disturbios se produjeron cuando militantes del grupo anarquista Black Bloc, quienes se presentaron con sus típicas capuchas que les cubren el rostro, intentaron quebrar las fachadas de agencias bancarias y fueron repelidos por los propios manifestantes.
Entre los participantes estuvo el secretario municipal de Derechos Humanos y Ciudadanía, Eduardo Suplicy, quien pidió a los legisladores que «digan no» a la iniciativa.
La polémica enmienda constitucional, que reduce la edad de responsabilidad penal solamente para delitos graves, había sido rechazada por la Cámara Baja el pasado 1 de julio.
No obstante, una maniobra del presidente de la Cámara, Eduardo Cunha, hizo que el proyecto fuera puesto a votación nuevamente un día después, cuando sí fue aprobado.
Ahora debe volverse a votar en la Cámara Baja y después pasará al Senado, donde también debe votarse en dos turnos.
«Celebrar el ECA e impedir la reducción de la imputabilidad penal es buscar que el Congreso escuche las voces de los adolescentes. Antes de buscar cualquier reducción tenemos que buscar que se hagan plenamene efectivos los derechos de los niños y adolescentes», sostuvo el abogado Ariel de Castro Alves, uno de los organizadores de la marcha.
La iniciativa de enmienda constitucional es rechazada en forma enfática por el gobierno de la presidenta Dilma Rousseff y varias organizaciones, pero tiene el respaldo de 87 por ciento de la población, según un sondeo difundido el mes pasado.