Asunción, Agencia IP.- Dando seguimiento al reasentamiento de los afectados por la liberación de la franja de dominio público de la ruta PY09 – Transchaco, que va desde el km 250 al km 326, correspondiente al Lote 4, el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) firmó 3 nuevos protocolos de transferencia para las viviendas esta semana.
Esta vez, las familias beneficiarias fueron los Torres González; que se mudarán a la zona de Boquerón, también la familia Martínez y López, quienes dejarán el Chaco para vivir en adelante en el distrito de Concepción.
Los Torres vivieron durante los últimos 11 años en Pozo Colorado, contaban con la ayuda estatal del Programa Tekopora; los Martínez, también de la misma localidad, trabajaron siempre de peones de estancia, al igual que los López y vivieron durante 30 años en la zona del desvío de General Díaz. Todos ellos fueron beneficiarios del programa de reposición de viviendas, previsto en el marco de la ejecución de las “Obras de Habilitación y Mantenimiento de la Ruta Transchaco y Accesos”.
Conforme al Plan de Reasentamiento Involuntario, para la restitución de las viviendas se ha previsto que las viviendas cuenten con las siguientes condiciones que corresponden a los criterios sociales: servicio de transporte público; puesto de salud, comisaría, escuela y servicios básicos como energía eléctrica, agua potable.
De acuerdo al diagnóstico realizado por el proyecto, en el Lote 4 son 43 las unidades familiares cuyas viviendas fueron afectadas de forma total por la liberación en la extensión mencionada, de las cuales 15 optaron por el reasentamiento y restitución de sus viviendas y otras 28 optaron por recibir un pago compensatorio.
Las casas son las elegidas por los beneficiarios vulnerables con asesoramiento y acompañamiento del MOPC, teniendo en cuenta que las familias puedan reasentarse y reestablecer sus condiciones de vida en un lugar fuera de la franja de dominio de la ruta.
El reasentamiento o la restitución de viviendas les garantiza que puedan restablecerse socioeconómicamente, procurar y mejorar sus condiciones de vida, tal como lo indican la política OP710 de Reasentamiento Involuntario del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la Política S07 – Reasentamiento de Población, del Banco de Desarrollo de América Latina (CAF), ambos financiadores de la obra pública.
Cabe recordar que los criterios tomados en cuenta para definir la vulnerabilidad de los afectados son la estructura y condiciones de la vivienda de las unidades familiares afectadas por la liberación de franja de dominio público de la vía, mujeres jefas de familia, adultos mayores y una condición socioeconómica desfavorable.