Asunción, IP.- En Marrakech, el gobierno paraguayo se sumará aquellos países que abogan por la promoción de reglas migratorias claras y la protección de los derechos humanos de quienes se ven obligados por distintas circunstancias a abandonar su tierra.
La ONU ha convocado una conferencia en Marrakech el 10 y 11 de diciembre para adoptar formalmente un pacto que busca hacer la migración más segura y digna para todos.
A invitación del Secretario General de las Naciones Unidas, el Gobierno paraguayo estará representado en la “Conferencia Intergubernamental para el Pacto Mundial sobre Migración”, junto a la mayor cantidad de países del mundo y la región. La delegación será presidida por el ministro de Relaciones Exteriores, Luis Alberto Castiglioni.
Esta adopción del Pacto se efectúa, de conformidad al artículo 143 de la Constitución, que reza en su parte pertinente: «La República del Paraguay, en sus relaciones internacionales, acepta el derecho internacional y se ajusta a los siguientes principios: …4. la solidaridad y la cooperación internacional». Se aclara que se trata de un instrumento de carácter no vinculante.
A continuación se reproduce inextenso el comunicado de la Cancillería
Posición de la Iglesia Católica
Desde un inicio, la Iglesia Católica acogió dicho Pacto con gran esperanza por la preocupación que genera el irrespeto de los derechos del migrante. Se trata de un instrumento en el cual la Santa Sede “ha estado muy involucrada desde el principio, aplicando el enfoque del Papa Francisco, que se expresa de manera simple y elocuentemente a través de cuatro verbos: acoger, proteger, promover e integrar».
De hecho, el Papa Francisco recuerda que: “Cada forastero que llama a nuestra puerta es una de encuentro con Jesucristo, que se identifica con cada extranjero acogido o rechazado en cualquier época de la historia… A cada ser humano que se ve obligado a dejar su patria en busca de un futuro mejor, el Señor lo confía al amor maternal de la Iglesia”.
Posición del Paraguay
La presencia del canciller Castiglioni en Marrakech, en nombre del Gobierno paraguayo, obedece al interés del país en demostrar que el Paraguay se suma aquellos países que quieren la promoción de reglas claras a las migraciones y la protección de los derechos humanos de quienes se ven obligados por distintas circunstancias a abandonar su tierra, ya que tradicionalmente el Paraguay ha sido un país emisor de migrantes.
En la actualidad, más de un millón de compatriotas residen en el exterior; es, por tanto, nuestra obligación moral apoyar posiciones en la arena internacional que sean propicias para el bienestar de los connacionales en el extranjero y el de sus familias, con el fin de evitar que sean sometidos a tratos denigrantes o a situaciones de irrespeto a sus derechos fundamentales, por la mera condición de ser migrantes.
No queremos que la mujer, pilar de la familia y de la sociedad, aquella que levantó el país tras la Guerra Grande, sea desatendida al cruzar una frontera, ni sometida a maltratos cuando está guardando otra vida en su vientre, ni reducida a esclavitud, trata de personas o abusos por el solo hecho de ser migrante.
El Paraguay se encuentra muy avanzado en todos estos campos, por lo que la adopción de este instrumento no traerá cambios en este sentido. Sin embargo, el mismo puede contribuir a instar a otros países que son destino de la migración paraguaya, a que adecúen su ordenamiento en la materia para así proteger mejor a nuestros compatriotas migrantes.
La implementación interna de los compromisos asumidos en virtud de este Pacto, en lo que hubiere lugar, se efectuará estrictamente según la Constitución Nacional y el marco jurídico vigente de la República del Paraguay, no quedando comprometida ni socavada en modo alguno la soberanía nacional, al no tratarse de un acuerdo vinculante para los Estados.
Se resume, a renglón seguido, los principales aspectos de la posición nacional que fueron recogidos en el Pacto:
– La protección de los derechos humanos de los migrantes debe darse en todo momento, independientemente de su estatus legal.
– El reconocimiento del aporte sustantivo y positivo de los movimientos migratorios a los países de destino y origen.
– El rechazo a políticas o medidas que busquen criminalizar los movimientos migratorios.
– La necesidad de crear canales seguros y dignos para la movilidad humana.
– La promoción de la regularización de los migrantes.
– La asunción del compromiso de nunca detener a niños migrantes con el objetivo de definir su estatus migratorio.
– La condena de la xenofobia, racismo, discriminación y otras formas conexas de intolerancia en materia migratoria.
– La importancia de la inclusión e integración de migrantes en los países de destino.
– El reconocimiento de la responsabilidad común y compartida para el manejo de grandes movimientos de migrantes.
En concordancia con la posición de la Santa Sede, el Paraguay se guarda el derecho de hacer las reservas pertinentes al Pacto en lo que se refiera al uso de una terminología, principios y directrices que no contiene un lenguaje acordado en la comunidad internacional, ni están en línea con los principios y valores contemplados en la Constitución Nacional, la legislación vigente y nuestra cultura.
Adopción, contenido y efectos del pacto
El proceso para la adopción del Pacto Mundial para una migración regular, segura y ordenada se inició en Nueva York conforme a la resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas 71/1 del 19 de setiembre de 2016, y contó con la aprobación de la mayoría de los países del mundo. A partir de allí, se iniciaron negociaciones entre Estados que culminarán en Marrakech con la adopción del documento.
El pacto no es vinculante, sino de carácter moral. No constituye un tratado ni un acuerdo internacional. En otras palabras, no obliga a los Estados a recibir migrantes ni a darles nada fuera de lo contemplado en sus propias leyes. Tampoco da a la Organización de las Naciones Unidas la potestad de determinar qué reglas ha de aplicar cada país a los migrantes, ni a establecer obligaciones en cuanto a la recepción de extranjeros.
El pacto reafirma el derecho soberano de los Estados a determinar su política nacional de migración y su prerrogativa para gobernar la migración dentro de su jurisdicción, teniendo en cuenta las diferentes realidades nacionales, capacidades y niveles de desarrollo.
El documento parte de la base de que, para aprovechar los beneficios de la inmigración y mitigar los riesgos y retos que conlleva, se requiere mejorar la colaboración y cooperación entre países, y para ello, establece un marco referencial.
Con millones de personas que se han visto forzadas a desplazarse, los migrantes y refugiados, recientemente han ocupado titulares en todo el mundo: desde la crisis de refugiados en Europa, a las caravanas de migrantes que viajan de Centroamérica a la frontera sur de Estados Unidos, pasando por más del millón de venezolanos que han huido hacia otros países en busca de un mínimo indispensable para asegurar su subsistencia y la de sus hijos. No existe región que se haya visto exenta de desafíos como consecuencia de las migraciones.
Este pacto es un primer intento, en la historia de las Naciones Unidas, por adoptar lineamientos en relación a los flujos migratorios de forma integral y a escala internacional.
Como señala el secretario general de las Naciones Unidas, “refleja el entendimiento común de los Gobiernos de que la migración que cruza fronteras es, por definición, un fenómeno internacional y que para gestionar con efectividad esta realidad global, es necesaria la cooperación para ampliar el impacto positivo para todos”.
El instrumento se estructura en torno a 23 objetivos. Entre esas metas, hay algunas genéricas como la cooperación para abordar las causas que motivan la migración o mejorar las vías de migración legal. Pero también hay compromisos, que reiteramos, no son jurídicamente vinculantes, como medidas contra la trata y el tráfico de personas, políticas para evitar la separación de las familias, para usar la detención de migrantes sólo como última opción o para reconocer el derecho de los migrantes irregulares a recibir salud y educación en sus países de destino.
Los Estados se comprometen también a mejorar su cooperación a la hora de salvar vidas de migrantes, con misiones de búsqueda y rescate, y garantizando que no se perseguirá legalmente a quien les dé apoyo de carácter exclusivamente humanitario.
Además, los Gobiernos prometen garantizar un regreso seguro y digno a los inmigrantes deportados y no expulsar a quienes se enfrentan a un riesgo real y previsible de muerte, tortura u otros tratos inhumanos.
El documento también hace referencia a los desafíos particulares que enfrentan las mujeres y niñas, que requieren respuestas adaptables por su especial vulnerabilidad, en las áreas de salud, seguridad y medios de vida, en línea con los Objetivos de Desarrollo Sostenible.