Asunción, Agencia IP.- Paraguay, a través de la presentación de un documento base, ratificó que las políticas anticorrupción y promoción de la integridad deben ser componentes estratégicos para garantizar la gobernabilidad y orientar la gestión pública a resultados para la ciudadanía.
A casi 20 años de la publicación del primer Plan Nacional de Integridad, y a cuatro de la publicación del plan vigente, Paraguay, a través del Equipo Nacional de Integridad y Transparencia (ENIT), impulsa la revisión y actualización de la agenda nacional de anticorrupción.
La presentación oficial del documento base para la discusión pública del “Plan Nacional de Integridad, Transparencia y Anticorrupción 2021-2025”, se realizó este jueves en Palacio de Gobierno, con la participación de autoridades de los tres poderes del Estado, organismos cooperantes y organizaciones de la sociedad civil.
La iniciativa liderada por la Secretaría Nacional Anticorrupción (Senac) renueva el compromiso y articula voluntades para proseguir con las reformas y mejoras necesarias para fortalecer las salvaguardas institucionales y socioculturales contra la corrupción.
En el marco del combate a la corrupción, el PNI 2021-2025 se constituye en una herramienta de elaboración participativa, basada en los diagnósticos de organismos especializados y a los principales temas identificados por la sociedad.
El documento hace referencia a una serie de lineamientos entre las que se citan políticas de integridad y anticorrupción que implican componenetes de viabilidad, coordinación, continuidad e implementación efectivas, así como el servicio civil idóneo e íntegro, que un marco de control y gestión de riesgos que salvaguarde la integridad.
Así también se contempla la transparencia y participación en procesos políticos y en la gestión de políticas públicas, aplicación de las normas de integridad pública y sanción de casos de corrupción, que a su vez genere un proceso participativo para identificar barreras y facilitadores de los programas de promoción de integridad y anticorrupción en el país.
Igualmente hace mención a tres ejes y estrategias que se abocan a la capacidad preventiva del Estado frente a los actos de corrupción, gestión de riesgo, así como la capacidad de investigación y sanción frente a los actos de corrupción
En esos apartados transciende el fortalecimiento de las políticas de acceso a la información pública y de rendición de cuentas, promoción de la integridad y la cultura de legalidad en los servidores públicos, en el sector privado y en la ciudadanía.
Perfeccionar el sistema que regula el financiamiento de los partidos y movimientos políticos y de las campañas electorales, promover mecanismos efectivos de participación del sector privado, de la ciudadanía, de la prensa y las redes sociales, en la prevención y el control de la corrupción, son otros aspectos incluidos.
Así también se apunta a mejorar la coordinación en el Poder Judicial y el Ministerio Público, así como otras instituciones como la Contraloría General de la República, además de agilizar las respuestas institucionales que deben darse entre los organismos de control y de investigación ante posibles hechos punibles, promoviendo mecanismos para la cooperación y el intercambio de información entre los organismos, las entidades y los funcionarios respectivos.
Finalmente se habla de visibilizar las acciones impulsadas por las instituciones y precautelar el registro documental y las evidencias sobre los avances.
En el material socializado en la fecha por el Ejecutivo, se reconoce que las políticas de anticorrupción y promoción de integridad deben ser componentes estratégicos de una política más amplia de gobernabilidad nacional necesaria para cuidar la legitimidad del actuar público, y que ello se debe lograr con el nivel dirigencial.
Al respecto, señala además que la comprensión profunda de esta necesidad es lo que hace posible que el Estado asuma la iniciativa y el liderazgo para articular este tipo de políticas en los diferentes niveles de gobierno y las sostengan en el tiempo.
A pesar de los avances, la corrupción no retrocede
A pesar de todo lo que se ha avanzado en los programas de lucha contra la corrupción y promoción de integridad en los distintos países de la región, y entre ellos Paraguay, los datos muestran que la corrupción no retrocede y que, incluso, se complejizan sus modos y mecanismos.
Por esto, se hace foco en que los sistemas de gobernanza y control de corrupción en la región deben ser fortalecidos y deben ser sostenidos los progresos. Los datos regionales muestran diferentes realidades, países como Chile, Costa Rica y Uruguay tienen las puntuaciones más altas, y avances en Colombia y Paraguay manifiestan que es posible lograr mejores desempeños.
En esta línea, las recomendaciones persistentes de los expertos enfatizan la necesidad de abordar la problemática de la corrupción desde enfoques de varios niveles fundamentalmente, basado en gestión de riesgo que incluyan acciones colectivas de los gobiernos, el sector privado, la sociedad civil y las instituciones internacionales para atacar sus causas a través de iniciativas globales, regionales y locales.
Por otro lado, enfatiza que la voluntad política de los dirigentes es la condición esencial para sostener la agenda anticorrupción y promocionar la integridad en un marco de mejoras de la gobernanza.
A esto se suma hoy todo lo que puede hacerse con las nuevas tecnologías para aumentar la transparencia y la capacidad de gestión de los actores públicos, las coaliciones público-privadas que impulsen y sostengan la acción colectiva, y la aplicación de regulaciones basadas en estándares internacionales como vías dinamizadoras del proceso de transformación que se requiere.
A tal efecto, la capacidad sancionatoria con objetividad, sin influencias indebidas, está directamente relacionada con la independencia del sistema judicial y esta es el resultado de medidas y mecanismos para garantizarla, tanto a nivel organizativo como a nivel de los jueces y fiscales individuales, mediante una gestión de personas meritocrática y clara, así como la transparencia en la asignación de los casos.
Finalmente señala que la clave para avanzar además de todo lo expuesto anteriormente es, lograr la independencia del sistema judicial y fortalecer todo la aplicación de sanciones, que sigue siendo un desafío importante para el país.
La elaboración del documento fue posible gracias al apoyo técnico y financiero del Programa de Democracia y Gobernabilidad de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) implementado por el Centro de Estudios Ambientales y Sociales (Ceamso).
El documento base para la discusión pública fue elaborado de forma participativa, a lo largo de varias semanas, en 14 talleres donde más de 120 representantes de 80 Organismos y Entidades del Estado (OEE), incluyendo a municipios y gobernaciones intercambiaron sus experiencias y dieron sus aportes al mismo.
Esta primera versión estará disponible en el portal del ENIT: www.transparencia.gov.py donde la ciudadanía podrá participar dejando sus aportes, sugerencias y críticas. Además, para enriquecer aún más el documento, se realizarán foros de debate con representantes de distintos sectores tales como funcionarios públicos, la academia, los gremios del sector privado y organizaciones de la sociedad civil, así como de los medios de comunicación.
Una vez recolectados los aportes, sugerencias y críticas, junto con la definición de los compromisos a ser asumidos por los Organismos y Entidades del Estado (OEE), del sector privado y de la sociedad civil, se elaborará la versión final del plan que será validada por el ENIT y luego puesto a consideración del Poder Ejecutivo para su aprobación.