Asunción.- La vicepresidenta del Consejo Directivo del Fondo para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de América Latina y el Caribe, Mirna Cunningham, se encuentra en Paraguay para consolidar el plan de acción nacional sobre los derechos de los pueblos originarios.
Durante su estancia en el país suramericano, la nicaragüense se reunió con el titular de la Secretaría de Técnica de Planificación (STP), José Molinas, para adecuar la líneas guías sobre las que trabajar para responder a la Declaración de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sobre los derechos de los pueblos originarios.
Paraguay tiene previsto iniciar este plan, que prevé un trabajo conjunto con los Gobiernos locales de las comunidades indígenas, en el 2017.
Durante la reunión entre Molinas y Cunningham se anunció la implementación de un cuestionario para medir el grado de desnutrición de los miembros de las comunidades, según informó la STP a través de un comunicado.
Además, explicaron que está previsto construir un Plan de Desarrollo Comunitario que sirva para trabajar de forma conjunta con las mujeres de cada etnia en temas sanitarios, educativos y de grupos de ahorro.
La intención del Gobierno paraguayo con este plan es «iniciar un proceso de diagnóstico para lograr pleno cumplimiento de los derechos de los pueblos indígenas», dijo la STP.
Estas acciones forman parte del plan de desarrollo Paraguay 2030, que establece como uno de sus ejes principales el trabajo con grupos en situación de vulnerabilidad en el que incluye un componente indígena.
La Declaración de la ONU sobre los derechos de los pueblos indígenas hace hincapié en el derecho de estas comunidades a vivir con dignidad, mantener y fortalecer sus propias instituciones, culturas y tradiciones y a buscar su propio desarrollo, determinado libremente de conformidad con sus propias necesidades e intereses.
La población indígena paraguaya asciende a unas 120.000 personas, el 76 % de las cuales vive en situación de pobreza extrema, según datos oficiales, en su mayoría debido a que fueron desposeídas de sus tierras ancestrales durante la dictadura (1954-1989) y en la primera década de democracia. EFE