Asunción, IP.- El Gobierno Nacional decidió solicitar al Brasil la cancelación, revocación y cesación de la condición de refugiados otorgados a Juan Arrom, Anuncio Martí y Víctor Colmán, requeridos por la justicia paraguaya.
El vicecanciller Hugo Saguier hizo el anuncio en conferencia de prensa en Palacio de Gobierno, luego de la reunión que mantuvo con el presidente Mario Abdo Benítez.
El diplomático viajará mañana jueves al Brasil para reunirse con el canciller Ernesto Araújo e informarle que el Gobierno de Paraguay ha resuelto requerir la cancelación, revocación y cesación de la calidad de refugiados, otorgados por el Comité Nacional para los Refugiados de (Conare) Brasil a los connacionales Arrom, Martí y Colmán.
“Esta decisión del Gobierno Nacional obedece a una obligación elemental del Estado de asegurar las condiciones para impartir justicia ya que estos señores son requeridos por órganos jurisdiccionales de nuestro país. Se basa en razones de hecho y de derecho con suficiente consistencia, pues han ocurrido hechos nuevos y se verificó que los refugiados vulneraron la normativa interna brasileña”, expresó el vicecanciller.
Afirmó que el Estado paraguayo ha demostrado con documentación fundada que los señores se presentaron en la causa, por la cual se solicita su detención con fines de extradición y a través de sus representantes legales han sustentado su defensa jurídica.
Según Saguier se decidió esperar el inicio del nuevo periodo de Gobierno en el vecino país para formalizar la solicitud de cancelación del refugio.
Arrom, Martí y Colmán fueron procesados por el secuestro de María Edith Bordón de Debernardi en 2001. Mientras eran investigados demandaron al Estado paraguayo ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por supuesta privación de libertad y tortura por agentes policiales.
Recibieron la medida cautelar dispuesta por la CIDH para que no sean recluidos. Al no estar privados de su libertad aprovecharon la situación y se refugiaron en Brasil.
Además solicitan como resarcimiento la suma de 63 millones de dólares, que el Estado deberá pagar en caso de fallo a favor de los demandantes. El próximo 7 de febrero, Paraguay presentará los alegatos finales para demostrar que ambos son prófugos de la justicia.