El mandatario tomó esa decisión tras el estudio del caso realizado por la Procuraduría General de la República (PGR), según informó en su cuenta oficial de Twitter.
«Tras el trabajo de análisis de nuestra @PGRParaguay del caso Santiago Leguizamón Zaván y familia, que se tramita ante la @CorteIDH, hemos tomado la decisión de que el Estado paraguayo se allane a la demanda», publicó Abdo Benítez.
Igualmente, la Procuraduría General de la República manifestó que esta decisión reafirma el compromiso de Paraguay «con la libertad de expresión, de prensa y el libre ejercicio de prensa».
La denuncia formal sobre el caso de Leguizamón fue presentada por la SIP ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en su sede en Washington, D.C., el 19 de enero de 2007.
La Comisión sometió el 13 de febrero de 2021 ante la Corte Interamericana el caso «Santiago Leguizamón Zaván y familia», luego de concluir que «el Estado de Paraguay es responsable internacionalmente por no actuar de conformidad con su deber de prevención y protección, y no garantizó su derecho a la libertad de expresión».