Asunción, IP.– El Partido Liberal Radical Auténtico y el Partido Convergencia Popular Socialista emitieron hoy sendos comunicados en contra de la condena de siete años de prisión impuesta al líder campesino Rubén Villalba y calificaron la decisión como un “atropello judicial contra organizaciones campesinas”.
Villalba fue condenado este jueves por su participación en hecho de retención y privación de libertad, por dos horas, de una comitiva fiscal en el departamento de Canindeyú en octubre de 2008.
“La condena de siete años al dirigente campesino Rubén Villalba es un ataque más a la lucha por la tierra, una medida represiva contra las organizaciones sociales y sus dirigentes”, afirma hoy el Partido Convergencia Popular Socialista (PCPS).
Por su parte el conservador Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA) también se sumó al pronunciamiento contra la condena mediante un comunicado en el que afirma que en este proceso se violaron el debido proceso y las garantías constitucionales.
“Se le juzgó y condenó por un hecho punible prescripto por el transcurso del tiempo, esta prescripción se produjo el 30 de octubre de 2014, se le introdujo pruebas fuera del plazo procesal, todos estos hechos fueron señalados por la defensa al Tribunal, quienes hicieron caso omiso emitiendo resoluciones aberrantes”, afirma.
El PLRA alerta en su comunicado sobre el peligro de la utilización del Poder Judicial para desatar persecuciones ideológicas contra quienes denuncian la violación de leyes ambientales y defienden su derecho a la salud y la vida, como es el caso de Villalba, según el partido.
El dirigente campesino habría participado del hecho punible en la localidad de Pindo, departamento de Canindeyú, en el marco de una disputa entre la comunidad local y un productor brasileño a quien los pobladores acusaron de posesión irregular de tierras y contaminación del medioambiente.
“La concentración de la tierra en el país es el foco de mayor conflicto en el campo, la que ocasiona mayor desigualdad y la que empuja cada año a miles de compatriotas hacia las ciudades y el extranjero”.
“Los jueces y fiscales no actúan con la misma rapidez para castigar a los verdaderos delincuentes, a los empresarios evasores, a traficantes, poseedores de tierras públicas, a torturadores”, sostiene el PCPS.