Asunción, IP.- La presencia de mujeres en política favorece la reducción de la pobreza y el desarrollo de los países, afirma Elizabeth Salguero, experta en género y derechos de las mujeres de ONU Mujeres en Bolivia.
Salguero participó esta semana en Asunción de un panel sobre democracia paritaria celebrado en el Congreso de Paraguay, el cuarto país de Latinoamérica y el Caribe con menos mujeres en política, según datos de la ONU.
«La incorporación de mujeres a la política hace que todos los beneficios del crecimiento económico se canalicen hacia programas sociales, y fortalezcan los derechos a través de políticas públicas», explicó la experta a Efe.
Aseguró que la visión de las mujeres «ayuda a reducir la pobreza y a hacer al país más productivo y eficiente», además de fortalecer la democracia al dar a hombres y mujeres las mismas oportunidades de participación política.
En el caso de Bolivia, afirmó que se ha logrado una «paridad efectiva» en la representación de ambos sexos, con un 53 % de mujeres en la Asamblea Legislativa Plurinacional, y un 50 % en las asambleas departamentales y consejos municipales.
Según la experta, esta representación femenina contribuyó a impulsar al menos «quince leyes a favor de las mujeres y un paquete de leyes sociales que benefician a poblaciones pobres y excluidas del país».
Entre estas medidas se encuentran leyes contra la violencia hacia las mujeres, contra la trata y tráfico de personas, contra el racismo y la discriminación, políticas públicas en favor de la juventud, e iniciativas contra el acoso y la violencia política.
Esta última problemática, la de la violencia política, no se ha logrado erradicar pese a la mayor participación femenina, y según Salguero persisten «el hostigamiento, el acoso y la violencia para que las mujeres que llegan a cargos directivos renuncien».
«Hay hombres que no entienden que la democracia es la participación de hombres y mujeres en paridad, y presionan para que las alcaldesas o concejalas renuncien a sus cargos», expuso.
Lamentó que, en los casos más extremos, este hostigamiento termina en un feminicidio, como ocurrió en el caso de la concejala Juana Quispe, una indígena aimara que fue asesinada en 2012, víctima de acoso político, sin que hasta el momento el crimen haya sido castigado.
«Desmontar el sistema patriarcal es difícil, porque persisten normas culturales que no están a tono con los cambios efectivos en legislación, y cuestan más de transformar y desestructurar. Necesitamos procesos educativos, de prevención, de información», indicó.
Salguero opinó que esta tarea educativa debe realizarse tanto a nivel parlamentario, como a través de las estructuras simbólicas que difunden los medios de comunicación, y de la educación escolar y secundaria.
«La igualdad no es asunto solo de mujeres, sino de toda la sociedad. Preparar esos cambios sociales es responsabilidad de todos», sentenció.
Bolivia es, junto con Ruanda, el único país en el mundo con paridad en su parlamento, además de los casos de México, Cuba, Ecuador y Nicaragua, donde la participación de las mujeres en el Legislativo supera el 40 %, según datos de ONU Mujeres.
Pese a ello, el país andino es el que cuenta con el mayor índice de violencia machista en Latinoamérica, con un total de 147 feminicidios registrados entre 2015 y julio de 2016, según cifras oficiales.