Asunción, Agencia IP.- La Procuraduría General de la República, conmemora sus 30 años de creación con auspiciosos resultados obtenidos a favor de los intereses patrimoniales del Estado y en beneficio de todos los ciudadanos.
Desde el año de su creación ejerce el asesoramiento jurídico y la representación del Estado paraguayo ante los tribunales del país y ante instancias internacionales, cuyo fortalecimiento y posicionamiento institucional le ha convertido en una de las instituciones más importantes del Poder Ejecutivo, por los resultados obtenidos a favor de los intereses patrimoniales del Estado y en beneficio de todos los ciudadanos.
Actualmente el área jurídica administra un total de 8.000 procesos judiciales en los fueros Civil y Comercial, Contencioso y Administrativo, Laboral, Penal y Niñez y la Adolescencia.
En el ejercicio 2021 hasta junio del 2022 la Procuraduría General concretó fallos favorables en beneficio del Estado paraguayo que representan ahorro y recuperación por más de 324.195 millones de guaraníes, suma que el Estado podrá reinvertir en obras sociales como viviendas, infraestructura, salud y educación.
Igualmente, con el fin de evitar la impunidad e imponer precedentes judiciales para que las personas condenadas por hechos punibles contra el patrimonio del Estado, respondan y restituyan con su patrimonio propio el perjuicio ocasionado, la PGR ha iniciado, en el año 2021, las acciones civiles mediante las cuales se ha recuperado 75.583 millones de guaraníes.
Expropiaciones para ejecución de obras públicas
Por otro lado, concretó exitosamente las liberaciones de la franja de dominio de la ruta nacional n° 2 (anteriores rutas 2 y 7), a fin de proseguir con la ejecución de las obras de la duplicación y ampliación de la citada carretera.
Dichos procesos se suman a varios resultados concretados por la PGR para contribuir al progreso y finalización de tan importante obra para el Gobierno, en beneficio de la ciudadanía.
Cabe recordar que las liberaciones de la franja de dominio son realizadas con autorización judicial, conforme al marco regulatorio ley N° 5389/2015 “Que establece el procedimiento para la expropiación e indemnización de inmuebles comprendidos en las áreas destinadas a la franja de dominio público que declara de utilidad pública y expropia a favor del Estado paraguayo varios inmuebles afectados por dicha condición”, concretándose 40 liberaciones realizadas en un trabajo mancomunado con otras instituciones, bajo el impulso y dirección procesal de la Procuraduría General de la República, permitiendo de esta manera la continuidad de las obras.
Sin perjuicio de lo anterior, llevó también adelante otros procesos de expropiación en el marco de la citada ley para la consecución de los siguientes proyectos viales: pavimentación asfáltica del tramo colonia independencia-Paso Yobai-San Cristóbal-Naranjal-ruta N° 6; mejoramiento del tramo San Juan Nepomuceno-empalme ruta N° 6; obras de acceso vial al puerto de la ANNP ciudad de Pilar.
Además del mejoramiento de la intersección Américo Picco-Acceso Sur-Avelino Martínez; rehabilitación y pavimentación del tramo vial Santa Rosa del Aguaray-Capitán Bado y el Proyecto de infraestructura “Travesía urbana en la ciudad de Caapucu (variante Caapucu)”.
Comparando los citados beneficios económico obtenido a favor del Estado a través de las gestiones de la PGR con el presupuesto institucional de más de 18.438 millones de guaraníes previsto en el Presupuesto General de la Nación del ejercicio del 2022, surge una relación costo-beneficio que refleja una demarcada eficacia y eficiencia en el desempeño operativo y administrativo de la institución.
Uno de los logros más significativos de la PGR desde su creación fue la histórica promulgación de la Ley nº 6.837/2021 “Que establece las funciones y estructura orgánica de la Procuraduría General de la República”.
De esta manera, la Procuraduría empezó a escribir una nueva página en su historia institucional y dejó de ser la única institución de rango constitucional que no contaba con una ley propia. Dicha normativa otorga facultades operativas, administrativas y jurídicas claras y adecuadas para cumplir con su importante y delicado rol constitucional de manera más eficiente conforme a las altas exigencias del Estado paraguayo y de la ciudadanía.