Asunción, IP.- En base a la experiencia de los últimos cinco años, el proceso simplificado de compras públicas para facilitar la adquisición de productos de la agricultura familiar requiere de ajustes para que funcione como una verdadera política pública que impacte en este sector, según el Centro de Análisis y Estudio de la Economía Paraguaya (Cadep).
Según el estudio realizado por Cadep, en comparación con las experiencias en la región, el caso paraguayo se presenta como un régimen híbrido que no responde a los estándares de un programa de compras, como es el Programa de Adquisición de Alimentos de Brasil, ni a los de una Institución ejecutora, como el Instituto de Provisión de Alimentos de Ecuador.
Señala que si bien se creó una Mesa Técnica Interinstitucional compuesta por ocho organismos del Estado, esta no tiene atribuciones legales para fijar el presupuesto de las adquisiciones, para controlar la ejecución, provisión y pago de las compras, ni para seleccionar los beneficiarios, cantidades o áreas donde debe ser aplicado el proceso simplificado.
Es por ello que el estudio sugiere la inserción efectiva de las Compras Públicas de la Agricultura Familiar en el Plan de Lucha Contra la Pobreza 2018-2023, como estrategia de generación de ingresos en el sector rural, la conformación de un órgano rector de las CPAF, que cuente con presupuesto propio, personal asignado y la capacidad de monitorear la ejecución, y fijar metas y objetivos de la política.
Así también señala que, a nivel territorial, es necesario contar con un fuerte plan de capacitación de las gobernaciones y municipios para vincular de manera progresiva la compra de alimentos de la Agricultura Familiar local con el Programa de Alimentación Escolar, mientas que a nivel central, se desconcentrar la adquisición de alimentos para permitir que los centros de consumo a nivel territorial (Cuarteles, Cárceles, Hospitales Regionales,
Comisarias, entre otros) puedan llevar adelante los procesos licitatorios.
Según el estudio de Cadep, realizado por el economista José Rojas, el Gobierno entrante tiene «la brillante oportunidad de transformar el procedimiento simplificado de adquisición de productos agropecuarios en una verdadera Política Pública de Compras de la Agricultura Familiar, que abarque de manera integral los aspectos de selección de los beneficiarios y áreas de implementación de la política, la producción (asistencia técnica, mejoramiento de suelos, acceso a tecnología, transferencia de bienes de capital), el acceso a créditos y, cerrando el círculo, la comercialización segura en los mercados públicos con precios atractivos y justos».