Roma.-El líder independentista catalán Carles Puigdemont, arrestado en Cerdeña, fue dejado en libertad por la justicia local, pero deberá permanecer en la isla italiana hasta que se decida si puede ser extraditado o no.
La jueza del Tribunal de Apelación de Sassari, Plinia Azzena, consideró que, si bien la detención de Puigdemont no es «ilegal» como planteaba la defensa del independentista, no hay motivos para que quede en prisión, informó la cadena televisiva RaiNEWS24.
De todos modos, el fallo sostiene que Puigdemont debe quedarse en Cerdeña hasta que se decida si debe ser extraditado o no a España.
Este viernes, la defensa de Puigdemont había considerado «ilegal» la detención del líder independetista la noche del jueves, cuando las autoridades policiales italianas reaccionaron a una orden de arresto europeo que, según los letrados, ya no era válida.
«Puigdemont fue víctima de una detención policial por una orden fraudulenta en el ámbito del Derecho comunitario. Es ilegal», planteó el abogado del independentista, Gonzalo Boye, según reprodujo este viernes el diario italiano Repubblica en su edición online.
En tanto, el subsecretario de Asuntos Europeos del Gobierno italiano, Vincenzo Amendola, respondió que el arresto del líder independentista es una cuestión jurídica y no política
«No es un tema político, bilateral con España, es un tema cuya evaluación corresponde a los jueces», dijo Amendola en un programa del canal televisivo SkyTG24.
Agregó que «se trata de un asunto que se está desarrollando desde hace tiempo, con la suspensión de la inmunidad (de Puigdemont) del Parlamento Europeo, con la sentencia del Tribunal de Luxemburgo de 30 de julio, que canceló la suspensión y otros actos consecuentes».
Apenas detenido, Puigdemont fue derivado a la cárcel italiana de Bancali, en la ciudad de Sassari.
Puigdemont, actualmente eurodiputado, está establecido en Bruselas, Bélgica, desde 2017 y viajó a Alguer, Cerdeña, para un festival cultural catalán y entrevistarse con las autoridades de la isla, expresó el responsable de su oficina, Josep Lluis Alay.
«Cuando ha llegado al aeropuerto de Alguer, fue retenido por la policía fronteriza italiana», especificó Alay en las redes sociales.
Días atrás, sin embargo, el político español estuvo en París, donde no se activó la orden de detención que su defensa buscó ahora desestimar.
Antes de conocerse la noticia de la liberación, el presidente español, Pedro Sánchez, había asegurado que acatará las decisiones que los tribunales italianos adopten sobre la situación del expresidente del Gobierno de Cataluña y actual eurodiputado, Carles Puigdemont, quien fue detenido el jueves en la isla de Cerdeña.
«En primer lugar respeto a los procedimientos judiciales que se abran en España o en Europa, (…) y también respeto y acatamiento a las decisiones judiciales que se puedan tomar en Italia», dijo Sánchez en La Palma, donde se encuentra para atender la emergencia por la erupción volcánica que afecta a la isla desde el pasado domingo.
Después de esa aclaración, defendió que «Carles Puigdemont tiene que comparecer y someterse ante la justicia tras una huida que dura ya cuatro años, desde que abandonara España en 2017» tras el referendo de autodeterminación unilateral convocado por su Gobierno, informó el portal ruso Sputnik.
Sánchez recordó que entonces había otro Gobierno al frente de España, pero destacó que desde su llegada a La Moncloa en 2018 siempre defendió la independencia de los jueces a la hora de afrontar las causas abiertas contra los líderes independentistas.
No obstante, en el plano político, Sánchez volvió a defender la necesidad de mantener abiertas las vías de diálogo con el Gobierno de Cataluña para buscar salidas al conflicto.
El mandatario subrayó asimismo la necesidad de «reivindicar el diálogo, porque es la única vía para reencontrarse entre los catalanes que piensan de distinta manera, pero también entre los catalanes y el resto de compatriotas que vivimos en otras partes de España».
Sánchez dijo que busca trasladar un mensaje «de compromiso y de reivindicación, hoy si cabe más aún, del diálogo entre las distintas administraciones para que los catalanes puedan superar el trauma que representó el año 2017».
El arresto en Cerdeña de Puigdemont se produjo en virtud de una euroorden dictada por el Tribunal Supremo en 2019, tras la condena por delitos de sedición, malversación y desobediencia a los responsables del referendo de 2017 que no huyeron de España.
La detención llega después de que el Tribunal General de la Unión Europea (TGUE) retirara la inmunidad de Puigdemont como eurodiputado en un fallo emitido el pasado 30 de julio, una decisión tomada sobre la base de que el líder independentista no puede ser arrestado en estos momentos por su situación procesal.
Según esa decisión, la euroorden en su contra no se puede ejecutar hasta que la justicia europea resuelva la cuestión prejudicial que el Tribunal Supremo planteó sobre los procedimientos de extradición de los líderes independentistas después de que Bélgica rechazara la entrega a España de un antiguo integrante del Gobierno de Puigdemont.
En base a la decisión del TGUE, la defensa de Puigdemont afirmó hoy que su detención es ilegal porque la euroorden se encuentra paralizada por «imperativo legal», mientras que el Gobierno de España enmarcó su arresto como una parte más de «un procedimiento judicial en curso».