Declararon primeros testigos en audiencia del caso Arrom y Martí ante la Corte IDH

Asunción, IP.- La audiencia pública ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), por el caso de Juan Arrom Suhurt y Anuncio Martí Méndez, se encuentra en cuarto intermedio y se reanudará a las 18:00 horas de Paraguay.

En la audiencia rindió testimonio vía vídeo conferencia Arrom Suhurt, refugiado en Brasil, quien relató que fue torturado con el fin de que se inculpara del secuestro y también a otros movimientos de izquierda y de oposición.

Seguidamente Cristina Haydeé Arrom, hermana de Juan Arrom, una de las presuntas víctimas, prestó declaración ante la Corte donde se mostró visiblemente afectada y aseguró que ella y su familia pasaron por una “situación traumática”, haciendo alusión al presunto secuestro de su hermano por parte de agentes policiales.

Más tarde se realizó la intervención del primero de los testigos presentados por el Estado paraguayo, el ex fiscal General del Estado, Oscar Germán Latorre, quien se refirió a las investigaciones fiscales realizadas por la presunta desaparición forzada y tortura de Arrom y Martí.

Tras culminar el relato de Latorre, el presidente de la Corte, Eduardo Ferrer Mac-Gregor declaró un cuarto intermedio, por lo que la audiencia se reiniciará a las 18:00 horas de Paraguay, 15:00 hora de Costa Rica.

Se prevé la declaración de Édgar Sánchez, el otro testigo propuesto por el Estado paraguayo, quien formó parte del equipo fiscal que llevó a cabo las investigaciones por la denuncia de los ahora demandantes al Estado.

El procedimiento de interrogación comprende a 20 minutos para cada parte, para el Estado y el representante de los demandantes. Luego los jueces de la Corte podrán formular preguntas al testigo.

Tras la audiencia, las partes tendrán un mes para entregar los alegatos finales por escrito y a partir de entonces los jueces podrán emitir un fallo en cualquier momento.

Juan Arrom y Anuncio Martí demandan al Estado paraguayo por presuntos secuestro y tortura, en enero de 2002, en donde policías buscaban que admitan su responsabilidad en el secuestro de María Edith Bordón, ocurrido meses antes. La indemnización solicitada por ambos asciende a unos 63 millones de dólares. El presidente Abdo Benítez ratificó que el Estado paraguayo no “pagará un solo guaraní”.

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