Brasilia.-La suspendida presidenta de Brasil anunció que planteará una consulta popular en caso de ser absuelta en el juicio político que le realiza el senado para intentar una salida a la crisis política de su país.
Lo hizo durante una entrevista con el canal estatal TV Brasil, en la cual sostuvo que no negociará con el gobierno interino de Michel Temer, su vicepresidente que se convirtió en opositor.
«Si vuelvo a mi cargo, el pacto que se firmó en la Constitución de 1988 no será reconstituido en los despachos oficiales y sí con el pueblo. Es imposible rehacer el pacto sin que la población sea consultada, para salir del problema de fondo, que es el golpe del gobierno interino de Temer», dijo Rousseff.
E insistió: «Sólo hay un camino, que se llame a un plebiscito tal vez».
La presidenta suspendida necesita que sus opositores no lleguen a los dos tercios del Senado (54 votos) para expulsarla del cargo en el juicio político que podría votarse a mediados de octubre, luego de los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016.
Rousseff aceptó por primera vez la posibilidad de un plebiscito -supuestamente para adelantar la fecha de las elecciones de 2018 para este año- porque consideró que no podrá gobernar con un Congreso que declaradamente se ha dedicado a «obstruir» a su gobierno desde que fue reelecta en 2014.
«La consulta popular es la única forma de lavar y enjuagar esta suciedad del gobierno de Temer», subrayó, y sostuvo que el gobierno interino está siendo controlado por el suspendido presidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha, hombre fuerte del PMDB de Temer que está procesado por corrupción.
Rousseff acusa a Cunha de desvío de poder por usar su cargo para intentar salvar su pellejo a cambio de darle curso al juicio político por supuestas maniobras presupuestarias.
«No hay cómo negociar con Cunha, él tiene agenda propia, él llevó al centro político que nos respaldaba hacia la derecha y el gobierno de Temer sólo puede aceptar la agenda de negocios planteada por Cunha», afirmó la mandataria.
Rousseff culpó al Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB) del candidato derrotado Aecio Neves, hoy aliado a Temer, de «ser irresponsable» por nunca haber aceptado el resultado de la elección en 2014 y «apostar ‘a cuanto peor mejor'».
También dijo que su caso, el primero en el cual un presidente es suspendido y convive con su vice opositor en ejercicio, deberá servir para cambiar la legislación de 1950 sobre juicio político.
«No puede ser que utilicen un semiparlamentarismo para desestructurar políticas públicas, extingue ministerios, es poco serio para la séptima economía del mundo. Es una atracción al golpe este tipo de impeachment, con el cual se aplica el programa de gobierno derrotado en las urnas», alertó, según Publica Télam.
Rousseff calificó de «preocupante» a la política externa del canciller José Serra, nuevo aliado de Temer, de cerrar las puertas al Mercosur, la Unasur y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac).
«Financiamos la construcción del puerto cubano de Mariel en Cuba y nos criticaban por eso. Ahora hacen silencio cuando Barack Obama visita Cuba y retoma relaciones. El gobierno interino tiene una visión minúscula pensando en cerrar embajadas en África y en el Caribe. Nadie nos respetará si uno no se hace respetar», sostuvo.
Puso como ejemplo que la Unasur «es un ámbito donde convivieron todos los polos ideológicos, desde el chileno Sebastián Piñera hasta (Nicolás) Maduro, desde Juan Manuel Santos hasta José Mujica».
Sostuvo que el gobierno de Temer y el canciller Serra tienen una «gravísima ceguera ideológica» al «menospreciar» al grupo Brics (Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica) por tratarse de un bloque «que es el resultado de la multipolaridad del mundo surgido de la crisis mundial de 2008, con nuevos mecanismos de financiación y desarrollo».
La mandataria, por otra parte, criticó a parte de los medios y de sectores del Poder Judicial que «hacen política» con «filtraciones selectivas» de la Operación Lava Jato, que investiga la corrupción en Petrobras.
Puso como ejemplo que las empresas investigadas y condenadas deben ser multadas pero no permitir que quiebren y detengan la marcha económica del país, a ejemplo de lo que se hace en Estados Unidos.