Asunción, Agencia IP.- La Secretaría Nacional Anticorrupción (Senac) y la Subsecretaría de Tributación (SET) formalizaron este jueves una denuncia penal contra la Gobernación del departamento Central por el presunto hecho de falsificación de facturas.
Las facturas corresponden al informe que debieron presentar todas las gobernaciones sobre el uso de los fondos recibidos del crédito de emergencia de 1.600 millones de dólares, aprobado al inicio de la pandemia del covid-19.
Parte de la denuncia presentada comprende falsificación de facturas y lesión de confianza, dado que en mayo de este año la Gobernación habría cambiado las facturas presentadas inicialmente en su rendición de cuentas.
El ministro Anticorrupción, René Fernández, indicó en conferencia de prensa que se cuentan con dos rendiciones con documentos distintos, lo que motivó a la presentación de la denuncia penal.
De acuerdo al gobernador de Central, Hugo Javier González, los fondos recibidos por la Gobernación fueron transferidos a la organización “Fundación Centro Integral de Apoyo Profesional (CIAP)” para la ejecución de proyectos en el marco de la pandemia.
La fundación presentó las facturas y la Gobernación no tiene forma de saber si se tratan de facturas falsas o clonadas, señaló González en declaraciones a la prensa.
La Subsecretaría de Tributación (SET) señala que las facturas de origen falso buscan justificar alrededor de 1 millón de dólares.
El Poder Ejecutivo junto con la Secretaría Nacional Anticorrupción iniciaron una auditoría especial a la Gobernación del departamento Central, para la verificación de la documentación que hace a la rendición de cuentas de la ejecución del fondo designado por Ley Nº 6641/20.
A su vez, la SET ha solicitado informes a la Contraloría General de la República (CGR) en carácter de rendición de cuentas por trabajos realizados para la Gobernación del Departamento Central, detectándose inconsistencias entre las documentaciones presentadas por CIAP a la CGR y las presentadas a la SET por el requerimiento realizado, ante la presunción de la utilización de facturas clonadas o falsificadas.