Asunción, IP.- El fiscal de la Unidad Especializada de Delitos Económicos y Anticorrupción, Martín Cabrera formuló acusación contra el diputado Óscar Venancio Núñez Giménez por la comisión del hecho punible de lesión de confianza. Asimismo solicitó juicio oral y publico para el parlamentario.
El escrito conclusivo es realizado en el marco de la investigación por un supuesto perjuicio patrimonial de aproximadamente de 30 mil millones de guaraníes.
Refieren los antecedentes que, el 10 de marzo de 2014, el Ministerio Público presentó imputación teniendo en cuenta las diligencias que realizaron a raíz del conocimiento de la verificación a la Gobernación de Presidente Hayes por parte de la Contraloría General de la República, en la que se pudo constatar una erogación de la suma de G. 808.354.209, como supuesto pago a una empresa comercial denominada Aromita S.A.
Con el fin de justificar dichas reparticiones, presentaron facturas con el membrete de la mencionada empresa, sin embargo presentaron declaración testifical Cecilio Estigarribia, representante de la empresa, quien desmintió que las facturas le pertenecieran, desconociendo su contenido hasta el momento en que les fueron exhibidas. También se mencionaba la erogación de otros cheques oficiales de la Gobernación como supuestas ayudas sociales y ayuda a comunidades indígenas, que tampoco contaban con respaldo documental.
Posteriormente, los encargados de la investigación obtuvieron cheques oficiales pertenecientes presuntamente a la Gobernación de Presidente Hayes a nombre del Banco Nacional de Fomento, a raíz de un pedido de informe al presidente del ente. Además, fueron realizadas verificaciones por parte de funcionarios de la Unidad Anticorrupción, de los periodos en que el Núñez fue gobernador, los mismos habían sido expedidos sin documentaciones que respalden las expediciones y posteriores erogaciones.
Estos documentos contaban con endosos en algunos casos de funcionarios de la propia Gobernación y en otros casos de personas ajenas a la misma.
El representante del Ministerio Público requirió que la causa sea elevada a juicio oral y público teniendo en cuenta los diversos elementos probatorios adquiridos en el tiempo de investigación, tales como testificales y documentales.