Asunción.- Las autoridades del Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) aportarán recursos humanos y tecnológicos al Ministerio de Justicia para la realización de un censo de personas privadas de libertad, como paso previo para solucionar la situación de hacinamiento en las cárceles del país.
El organismo proveerá a los 70 funcionarios las herramientas necesarias para llevar a cabo el trabajo, así como el servidor informático de la institución para el almacenamiento de la información recolectada.
Además, colabora con la cartera de Justicia en la organización de un ciclo de capacitaciones a los censistas que visitarán los centros penitenciarios de todo el país, con objeto de actualizar los datos de las personas privadas de libertad, que incluyen entre otras cosas, las causas judiciales y el estado de salud de los reclusos.
La formación, que comenzó este jueves se extenderá hasta el 24 de octubre y tras ella comenzará el trabajo de recolección de datos, que una vez compilados serán depositados en una plataforma a la que tendrán acceso todas las instituciones involucradas en el sistema judicial, de cara a «mejorar la situación» de los presos.
La información servirá al Ministerio de Justicia para planificar las acciones puntuales para «optimizar los programas de reinserción», así como para solucionar el problema de hacinamiento que viven las cárceles de Paraguay, así lo informó la agencia EFE.
La Comisión de Derechos Humanos del Congreso Nacional anunció en septiembre que estudiaría a fondo la situación del sistema penal paraguayo, después de recibir un informe del estatal Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNP) que denunciaba la situación de hacinamiento.
Del estudio se desprende que dicha situación es provocada, principalmente, por la alta tasa de presos preventivos que existe en el país, donde un 79 por ciento de los encarcelados carecen de condena.
Las últimas cifras oficiales, correspondientes a 2016, arrojaban que la población penitenciaria paraguaya alcanzaba las 13.000 personas, pese a que sus infraestructuras de reclusión sólo tienen capacidad para albergar a 6.643 internos.