Asunción, Agencia IP.- Autoridades de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero (Seprelad) y la Justicia Electoral se reunieron a fin de aunar esfuerzos para fortalecer el control de lavado de activos y prevención del uso de recursos económicos ilícitos en las campañas electorales.
El encuentro se desarrolló en la víspera y tiene como base los avances realizados por la institución electoral desde la vigencia de la Ley Nº 6.501/2020, con miras no solo coordinar las acciones, también determinar la reglamentación de los puntos citados de manera específica para el sector político, según el titular de la Dirección Especializada de Fiscalización de Financiamiento Político de la Justicia Electoral, Christian Ruíz Díaz.
“Para nosotros es de mucha valía esta mesa de trabajo, porque estamos a puertas del inicio del proceso electoral con miras a las Elecciones Nacionales y sus respectivas Elecciones Internas Simultáneas; por ello retomamos los trabajos de coordinación con la Seprelad, para presentar como hemos avanzado con las labores de prevención de uso de dinero de dudosa procedencia y evitar las acciones de lavado de activos en campañas electorales”, relató.
En la ocasión, se compartieron propuestas con la Seprelad a fin de reforzar los controles y sanciones a ser aplicadas sobre el financiamiento político y de ese modo transparentar todo el proceso.
Por su parte, la secretaría adjunta de la Seprelad, Carmen Pereira, expresó que se está avanzando en identificar cuáles son los objetos obligados. “De hecho, la legislación vigente ya nos establece cual es el proceso de trabajo para abordar cada uno de ellos, de acuerdo a su naturaleza y a su especialidad”.
De igual forma, sostuvo que están avanzados y muy esperanzados en el contenido de la reglamentación que están pactando, cómo las obligaciones darán resultados positivos para evitar el flujo de recurso ilícito.
Por último, sostuvo que el trabajo realizado por la Justicia Electoral, a través de un estudio sectorial de las organizaciones políticas, brinda una base para tomar medidas preventivas y efectivamente tener una gama de acciones para cumplir con la tarea de prevención y la imposición de sanciones.