Asunción, IP.– El exministro de Hacienda, Dionisio Borda, señala que el gobierno actual está obligado a priorizar y resolver, para evitar consecuencias financieras y sociales negativas, el funcionamiento de las instituciones que manejan los fondos de pensiones y verificar y mejorar la regulación y supervisión de las cooperativas de ahorro y crédito.
Borda en un artículo que forma parte de la edición N° 28 de la revista Economía y Sociedad del Centro de Análisis y Difusión de la Economía Paraguaya (Cadep), menciona que en el 2013 existían en el Paraguay 448 cooperativas de ahorro y crédito y secciones de ahorro y crédito de cooperativas de producción, con una participación de mercado del 13,5 por ciento (la más alta de Latinoamérica) y una cantidad de socios que representaba el 45,8 por ciento de la población económicamente activa (PEA).
Estas cooperativas operan en el segmento de las micro y pequeñas empresas y de los préstamos de consumo. Sin embargo, a pesar de su importancia económica y de su amplia base social, la institución que las supervisa, el Instituto Nacional de Cooperativismo (Incoop), presenta problemas de gobernanza, pues, dada la constitución de su directorio, sus miembros son jueces y partes al mismo tiempo.
«Las cooperativas se encuentran actualmente en una situación de riesgo que debería ser atendida mejorando el marco regulatorio y la capacidad de supervisión, al mismo tiempo de resguardarlas para evitar que sean capturadas por grupos de intereses particulares», expresa.
En el caso de los fondos de pensiones, la principal dificultad consiste en la carencia de un marco regulatorio y una instancia de supervisión. Si bien es cierto que la cobertura es baja, hay una gran heterogeneidad de planes de jubilación y, en la mayoría de los casos, las cajas de pensiones adolecen de desequilibrios entre aportes y beneficios, y de un pobre manejo financiero de sus reservas.
La característica principal de los fondos de jubilaciones, según el analista, es que casi todos han tenido pérdidas significativas de reservas que aceleran el descalce financiero que se constituye en potencial pasivo fiscal.
Además, como la fuente de ahorro a largo plazo está desconectada de la demanda de recursos de largo plazo, el vacío institucional hace que la fuerte demanda para la utilización de estos ahorros configure un desafío y un riesgo que deben ser enfrentados.
Los problemas detectados en el sistema son la baja cobertura centrada en los quintiles más ricos de la población, la desigualdad entre los planes de jubilación existentes, la pérdida de oportunidad de uso de recursos de largo plazo en la economía y un riesgo fiscal por eventuales quiebras de las cajas, o déficit operativo en expansión como está ocurriendo con algunas cajas del gobierno.
Entonces, antes de ir a la utilización masiva de los recursos financieros de los fondos de jubilación, es imperativa la implementación de un marco legal que los supervise adecuadamente, así como es necesario resolver la asimetría que hoy existe entre los planes de jubilación del sector público.
Finalmente el exministro de Hacienda reitera que los retos del mejoramiento de la supervisión de las cooperativas de ahorro y crédito y de la regulación apropiada de los fondos de pensiones, son tan importantes como la expansión de las inversiones públicas para superar los cuellos de botella de nuestro desarrollo.