Caracas.-El gobierno de Venezuela anunció hoy su decisión de suspender las actividades de la oficina técnica de asesoría del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos y dio un plazo de 72 horas para que el personal afectado a esa dependencia abandone el país.
«Venezuela anuncia su decisión de suspender las actividades de la Oficina Técnica de Asesoría del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Venezuela», informó un comunicado del gobierno del presidente Nicolás Maduro.
La medida tomada por el gobierno venezolano es una respuesta a la postura que esa oficina de la ONU expresó en un comunicado, en el que señaló su «profunda preocupación» por la detención de la activista venezolana Rocío San Miguel, crítica de Maduro y acusada por el Gobierno de «terrorismo».
La Oficina del Alto Comisionado en Ginebra, en tanto, lamentó la decisión y señaló que está «evaluando» qué pasos seguir.
«Continuamos conversando con las autoridades y otros actores. Nuestros principios rectores han sido y seguirán siendo la promoción y la protección de los derechos humanos de los venezolanos», dijo la portavoz Ravina Shamdasani, en un comunicado consignado por la agencia AFP.
La administración de Maduro justificó su decisión en el «impropio papel» que -juzga- desarrolla en Caracas la Oficina Técnica de Asesoría del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos «que lejos de mostrarla como un ente imparcial, la ha llevado a convertirse en el bufete particular del grupo de golpistas y terroristas que permanentemente se confabulan contra el país».
El documento oficial, publicado en la red social X (ex Twitter) por el canciller, Yvan Gil, señala además la determinación venezolana de «realizar una revisión integral de los términos de cooperación técnica descritos en la Carta de Entendimiento firmada con dicha oficina en los próximos 30 días».
En ese marco, solicitó que «el personal adscrito a esta oficina abandone el país en las siguientes 72 horas, hasta tanto rectifiquen públicamente ante la comunidad internacional su actitud colonialista, abusiva y violadora de la Carta de las Naciones Unidas».
La opositora Plataforma Unitaria Democrática expresó su rechazo a la decisión del gobierno de Maduro que «ratifica el carácter totalitario del régimen, quien no quiere la presencia activa de la comunidad internacional como testigos de las permanentes violaciones de DD. HH.» en el país caribeño.
«Hacemos un llamado a la comunidad internacional para que de manera unánime rechace esta decisión. Asimismo, les agradecemos una vez más su compromiso con el pueblo venezolano en su lucha por la conquista de la democracia y la libertad», dice el comunicado que la alianza opositora publicó en su cuenta de X.
El martes pasado, el fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, había denunciado una «campaña feroz» desde el extranjero tras la detención de San Miguel, que será imputada por «terrorismo», «traición a la patria» y «conspiración».
«Denunciamos una feroz campaña desde el exterior en contra del Sistema de Justicia y el Estado venezolano», indicó Saab en un comunicado publicado en la red social X.
Previamente, Saab había informado que el Ministerio Público solicitaría al tribunal contra terrorismo que lleva el caso «privación judicial preventiva de libertad en contra de la ciudadana Rocío del Carmen San Miguel Sosa por la presunta comisión de los delitos de traición a la patria, conspiración, terrorismo y asociación, entre otros».
San Miguel fue detenida el viernes 9 en la migración del aeropuerto de Maiquetía, en el estado de La Guaira, que sirve a Caracas.
La defensa de San Miguel denunció que tanto ella como cinco de sus familiares – su hija, dos hermanos, su padre y su exesposo – sufrieron «desaparición forzada».
La Oficina Técnica de Asesoría del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos se instaló en Venezuela en 2019, cuando la expresidenta Michelle Bachelet ocupaba esa posición.
Antes de dejar el cargo, Bachelet dijo que veía progresos en materia de derechos humanos en Venezuela, pero que aún quedaba «mucho por hacer», consignó la agencia AFP.
Su sucesor, Volker Türk, visitó Venezuela en enero de 2023, cuando se acordó que la oficina seguiría operando por dos años más. Durante su estancia animó a las autoridades a liberar a todas las personas detenidas arbitrariamente e insistió en tomar medidas para poner fin a las torturas.
El comisionado se reunió entonces con diversos sectores de la sociedad civil, así como con autoridades del gobierno, y atendió denuncias sobre ejecuciones extrajudiciales. Señaló que hubo restricciones para acceder a algunos centros de detención en el país.
La labor principal de la oficina técnica consiste en «brindar apoyo para la implementación efectiva de las recomendaciones emitidas» en los informes que el alto comisionado presenta al Consejo de los Derechos Humanos.
Desde 2019, suman al menos seis reportes sobre la situación en Venezuela.Télam.